Salta desiste de tres causas judiciales contra Nación

Salta desistirá de tres actuaciones judiciales iniciadas contra el Estado nacional como parte del convenio de extinción de obligaciones recíprocas firmado entre el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El acuerdo fue aprobado mediante el Decreto provincial 493, fechado el 14 de agosto y publicado este martes 18 en el Boletín Oficial de Salta.

Aunque formalmente el convenio busca compensar las deudas y créditos existentes entre ambas jurisdicciones, su contenido revela otros compromisos asumidos por la Provincia: además de abandonar los litigios, Salta queda con una deuda neta de $265.914 millones con Nación, que será cancelada bajo un cronograma de pagos y con una tasa de interés nominal anual del 15%.

Las tres actuaciones que abandona Salta

La cláusula quinta del convenio establece expresamente que “la Provincia desiste de la acción y del derecho” respecto de tres actuaciones contra el Estado nacional.

La primera es la causa “Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, identificada como CSJ 1798/2019, promovida por la Provincia contra los decretos nacionales 561/19 y 567/19.

La segunda corresponde al incidente de medida cautelar de esa misma causa, identificado como CSJ 1798/2019/1.

La tercera tiene un componente particularmente sensible para la discusión entre las provincias y Nación: se trata del amparo “Salta, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía - Ministerio de Capital Humano)”, expediente CSJ 529/2024, que el propio convenio identifica como FONID.

El acuerdo establece además que deberá ser presentado para su homologación judicial en todos los procesos en los que Salta se comprometió a desistir. Las costas quedarán por su orden y las comunes serán afrontadas por mitades.

Nación y Salta cruzaron sus deudas

El desistimiento forma parte de un acuerdo más amplio instrumentado bajo el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), creado para compensar créditos y deudas entre el Estado nacional y las provincias.

Salta había manifestado su voluntad de incorporarse al régimen en diciembre de 2024. El convenio aclara que las obligaciones incluidas en esta instancia no agotan otros reclamos o deudas que puedan incorporarse posteriormente a nuevas negociaciones.

Al realizar el cruce de cuentas, la diferencia resulta ampliamente favorable a Nación.

La Provincia reconoce una deuda con el Estado nacional de $267.782.530.505,63. El componente más importante corresponde a un anticipo financiero por $259.000 millones, al que se agregan casi $7.986 millones de intereses y $796,3 millones correspondientes a fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario.

Del otro lado, Nación reconoce adeudarle a Salta $1.868.473.048,25, correspondientes a un acuerdo marco de colaboración en materia de obras públicas de vivienda.

Una vez compensados ambos montos, el resultado arroja un saldo de $265.914.057.457,38 a favor del Estado nacional.

Cómo pagará Salta

El convenio establece diferentes etapas para la devolución.

Una primera suma de $77.700 millones será pagada en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el primer vencimiento previsto para el último día hábil de agosto de este año.

Otros $7.986 millones, correspondientes a intereses del anticipo financiero, serán cancelados en una única cuota con vencimiento el último día hábil de diciembre de 2026.

Para el saldo restante, de $180.227,9 millones, el convenio establece siete cuotas mensuales. Sin embargo, en la copia incorporada al decreto aparece como fecha del primer vencimiento “el último día hábil del mes de junio de 2021”, una fecha incompatible con un acuerdo celebrado en 2026. Por esa inconsistencia documental, no es posible establecer a partir del texto publicado cuál es la fecha correcta de inicio de esas siete cuotas.

Una tasa del 15% y descuentos de la coparticipación

La deuda tendrá además una tasa nominal anual del 15%.

Hasta el 31 de diciembre de 2026, los intereses se devengarán mensualmente desde la firma del convenio y serán pagados en una única cuota al finalizar diciembre. Desde enero de 2027, se calcularán mensualmente sobre el capital pendiente y serán abonados también de manera mensual.

Pero uno de los puntos más relevantes está en la garantía del pago: los servicios de capital e intereses serán descontados de los recursos que Salta recibe por Coparticipación Federal de Impuestos.

El convenio dispone que la retención podrá comenzar a realizarse desde el decimoquinto día hábil anterior a cada vencimiento.

Nación tendrá información periódica de las cuentas de Salta

El acuerdo incorpora además obligaciones de información para la Provincia.

Salta deberá remitir a la Secretaría de Hacienda nacional datos sobre la evolución de sus finanzas públicas con periodicidad anual, semestral, trimestral y mensual.

Entre la información que deberá proporcionar figuran stock y servicios de deuda, gasto en personal, situación del Tesoro, saldos en cuentas bancarias, ingresos tributarios y no tributarios, transferencias, financiamiento a municipios, tarifas de servicios públicos y ejecución presupuestaria.

El convenio entró en vigencia con su aprobación provincial y deja abierta la posibilidad de que Salta y Nación incorporen otras obligaciones recíprocas en futuros acuerdos.

De esta manera, el acuerdo no se limita a un cruce contable entre ambas administraciones. Salta cierra tres litigios con el Estado nacional, asume el pago del saldo resultante de la compensación y compromete recursos de la coparticipación para garantizar su cancelación.