La resistencia de los gobernadores terminó de redefinir la estrategia del Gobierno nacional. Ante la falta de consenso para una reforma tributaria integral, la Casa Rosada decidió recortar ambiciones y concentrarse en un terreno que considera políticamente transitable: la llamada “modernización laboral”. El giro no es menor y tiene impacto directo en provincias como Salta, donde la dependencia de los recursos coparticipables convierte cualquier cambio impositivo en una discusión sensible.
En el oficialismo ya dan por descartado el envío al Congreso de un paquete tributario amplio. En su lugar, se analiza avanzar con modificaciones parciales, atadas al equilibrio fiscal y encapsuladas dentro del proyecto laboral. La lectura es pragmática: sin el aval de las provincias, no hay margen para tocar impuestos clave.
El límite tiene nombre y apellido: los gobernadores. La negativa a convalidar recortes en tributos coparticipables —en especial Ganancias— frenó la iniciativa original del Ejecutivo. Para distritos como Salta, donde los ingresos propios son acotados y la recaudación nacional resulta determinante para sostener salarios, salud y educación, resignar fondos no aparece como una opción viable.
“Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit”, admiten en el oficialismo. Traducido: no habrá alivio fiscal generalizado si antes no se garantiza que las cuentas cierren. En ese esquema, cualquier discusión sobre impuestos provinciales o tasas municipales quedó, por ahora, archivada.
El enfriamiento del plan quedó expuesto durante el debate del Presupuesto 2026, cuando Diputados eliminó un capítulo que incluía la derogación de leyes vinculadas al financiamiento universitario y a los servicios de discapacidad. Esa marcha atrás obligó al Gobierno a recalcular y a frenar, incluso, la baja de cargas patronales que se había prometido como parte del combo reformista.
Lo reconoció el propio ministro de Economía, Luis Caputo, al hablar ante inversores: la prioridad está puesta en el frente laboral y en las personas jurídicas. La reforma tributaria integral, en cambio, pasó a ser una hipótesis futura.
Con ese tablero, el impulso posterior a las elecciones —cuando la Casa Rosada soñaba con aprobar reformas tributarias, laborales y penales en simultáneo— entró en una meseta. La única iniciativa que sigue en carrera es la de modernización laboral, y sobre ella se concentra ahora toda la energía política.
El proyecto incluye cambios impositivos, pero de alcance limitado. En el oficialismo los presentan como un avance histórico; en las provincias los leen como el primer paso de un proceso que podría terminar afectando recursos estructurales. El recorte de Ganancias y las exenciones previstas, por ejemplo, impactan de lleno en la coparticipación que reciben distritos como Salta.
En el Senado, Patricia Bullrich intenta blindar el capítulo tributario del texto. El objetivo es evitar que los gobernadores, a través de sus senadores, desarmen la iniciativa. Pero el escenario es frágil. Sin obra pública nacional, con transferencias discrecionales bajo la lupa y con un calendario electoral que ya se asoma, los mandatarios provinciales endurecen posiciones.
En Salta, como en buena parte del interior, el mensaje es claro: no habrá respaldo a reformas que comprometan ingresos en el tramo decisivo de la gestión. La certeza de que el oficialismo buscará disputar territorialmente las provincias en 2027 refuerza esa lógica defensiva.
Mientras tanto, el Gobierno nacional exhibe como logro la ley de “inocencia fiscal” y mantiene en carpeta otros proyectos, como la reforma de la Ley de Glaciares, que interesa especialmente a provincias con perfil minero. No es un dato menor para Salta: el desarrollo del litio y la minería aparece como una de las pocas cartas de negociación posibles frente a una Casa Rosada decidida a ajustar.
La postal es elocuente: un Gobierno que avanza por partes, provincias que cierran filas para no perder recursos y una reforma tributaria que, lejos de ser estructural, quedó fragmentada y condicionada. En ese juego de fuerzas, el interior —y Salta en particular— vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre hasta dónde llega el ajuste y quién paga el costo político y fiscal.
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