En un dictamen clave para la causa ambiental más relevante del norte provincial, el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, sostuvo que todas las empresas concesionarias del área hidrocarburífera Puesto Guardián deben responder solidariamente por los eventuales daños causados al ambiente en esa zona, ubicada en Pichanal, departamento Orán.
El documento fue emitido en el marco del expediente judicial que tramita ante la Corte de Justicia de Salta, en la acción de reparación ambiental iniciada por el Gobierno provincial contra seis empresas: President Petroleum S.A., E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina, Petrolera San José S.R.L. y YPF S.A.
García Castiella fue contundente al aplicar el principio de responsabilidad objetiva consagrado en la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Código Civil y Comercial, que establece que, en casos de contaminación colectiva, todos los actores involucrados deben responder de forma solidaria, sin importar el tiempo de su intervención.
Daños persistentes y responsabilidades compartidas
La causa tuvo su origen en las irregularidades ambientales detectadas en el pozo “Loma de Olmedo X-10”, donde se evidenciaron pasivos ambientales y riesgos para la salud humana y el ecosistema. Desde 2023, la Fiscalía Penal de Pichanal, con el apoyo del CIF y la Procuración, impulsa una investigación penal paralela, exigiendo medidas de seguridad urgentes.
En el plano contencioso, el Tribunal impuso en junio de 2025 una medida cautelar que obligaba exclusivamente a President Petroleum S.A. a contener los fluidos del pozo, reforzar la seguridad perimetral, instalar señalización preventiva y restringir el acceso al área. La empresa apeló la decisión, argumentando que no podía asumir responsabilidades por hechos ocurridos antes de su concesión.
No obstante, el dictamen de García Castiella recordó que, mediante el Decreto Provincial 2174/2015, todas las empresas que se sucedieron en la explotación del área aceptaron expresamente la cesión de derechos, obligaciones y pasivos, incluidos los ambientales.
Un mensaje claro: el ambiente no es negociable
El Procurador concluyó que, si bien deben mantenerse las obligaciones impuestas a President Petroleum en materia de prevención, todas las empresas demandadas deben ser incorporadas a las acciones de saneamiento y podrían ser emplazadas a compartir los costos de las tareas necesarias.
Con este dictamen, se refuerza el principio de responsabilidad ambiental integral y sienta un precedente legal importante, recordando que las consecuencias del extractivismo deben ser asumidas en forma conjunta por todas las firmas involucradas.
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