Lesa Humanidad: Revocan el sobreseimiento de Joaquín Guil

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento del excomisario Joaquín Guil y dispuso que continúe la investigación por hechos calificados como delitos de lesa humanidad, vinculados con la detención y los tormentos que habría sufrido un estudiante universitario en Salta.

La decisión fue adoptada por la Sala II de Casación, integrada en este caso por los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, que hizo lugar al recurso impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

Además de anular la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que había confirmado el sobreseimiento, Casación apartó a los tres magistrados que habían intervenido en esa decisión, para que no continúen actuando en el incidente.

Una causa iniciada por la denuncia de la víctima

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 6 de febrero de 2014 por la propia víctima.

Guil, quien se desempeñó como director de Seguridad de la Policía de Salta, fue procesado en noviembre de 2016 por el entonces juez federal Julio Bavio por los delitos atribuidos por la fiscalía.

Posteriormente, la Sala II de la Cámara Federal de Salta revocó ese procesamiento a partir de un planteo de la defensa y dictó la falta de mérito.

La investigación continuó hasta que, el 19 de agosto de 2025, el juez de instrucción resolvió sobreseer al exjefe policial.

El fiscal general Carlos Martín Amad impugnó la decisión, pero el 4 de febrero de este año la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el planteo y confirmó el sobreseimiento.

Ante ese resultado, el fiscal general Eduardo José Villalba interpuso un recurso de casación. El planteo fue luego sostenido ante el máximo tribunal penal federal por el fiscal general Raúl Pleé.

Por qué la Fiscalía cuestionó el sobreseimiento

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que no existían elementos suficientes para cerrar definitivamente la investigación y cuestionó la valoración de las pruebas realizada por la Justicia Federal salteña.

Villalba consideró que la resolución había omitido aspectos esenciales de la hipótesis de la acusación y sostuvo que la falta de certezas sobre determinados elementos del hecho, particularmente su fecha, no podía transformarse en una certeza de que el delito no hubiera ocurrido en las circunstancias investigadas.

La fiscalía también puso el foco en el contexto histórico en el que se habrían producido los hechos y en las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina para investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad.

Durante la audiencia ante Casación, Pleé sostuvo que las pruebas analizadas en conjunto permitían ubicar la detención del estudiante en el contexto de los operativos realizados en junio de 1975 por fuerzas de la Policía Federal y de la Policía de Salta.

Según la hipótesis sostenida por el MPF, esos procedimientos habrían estado, en el ámbito provincial investigado, bajo el mando de Joaquín Guil.

Casación: no había certeza para cerrar la causa

Al resolver el planteo, Casación coincidió con uno de los argumentos centrales de la Fiscalía: para disponer un sobreseimiento definitivo era necesario alcanzar un estándar de “certeza negativa” que, a criterio del tribunal, no estaba presente.

Slokar consideró que la resolución dictada en Salta presentaba deficiencias de fundamentación y que poner fin a la investigación en esas condiciones resultaba prematuro.

El juez señaló que los magistrados no habían valorado integralmente los elementos incorporados al expediente y recordó la jurisprudencia nacional e internacional aplicable a investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

La decisión también aborda un aspecto particularmente sensible: el testimonio de la víctima y el principio de no revictimización.

Durante el proceso, la víctima había manifestado que no quería volver a ser citada. Para Casación, esa decisión no podía ser utilizada para poner en duda la credibilidad de su relato.

Por el contrario, Slokar sostuvo que esa manifestación debía ser considerada teniendo especialmente en cuenta el principio de no revictimización.

La investigación deberá profundizarse

Ledesma acompañó los fundamentos y consideró que los elementos sobre los cuales el Ministerio Público Fiscal construyó su hipótesis justificaban que pudiera profundizar la investigación.

Con esa decisión, Casación hizo lugar al recurso fiscal, anuló el fallo que había confirmado el sobreseimiento de Guil y apartó a los tres jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que habían intervenido.

La resolución no implica una declaración de culpabilidad contra el excomisario. Lo que determina es que, con las pruebas reunidas hasta ahora, no existían fundamentos suficientes para cerrar definitivamente la causa y que la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad y tormentos deberá continuar.