La Justicia ha decidido llevar a juicio al exjuez Claudio Parisi, el abogado Roberto Ortega Serrano y el exintendente destituido de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, en una causa que revela el entramado de corrupción y favores dentro del poder judicial y político. La acusación es contundente: entorpecieron deliberadamente una investigación penal sobre un homicidio, actuando con total impunidad para proteger intereses oscuros.
El juez interino Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N° 1 de Orán, rechazó los intentos desesperados de las defensas de los imputados para obtener sobreseimientos y nulidades, dejando en claro que el exmagistrado y sus cómplices deberán rendir cuentas en un juicio oral. La elevación a juicio confirma la gravedad de las maniobras que intentaron sepultar la verdad sobre el asesinato de César Daniel Martínez, hermano del exintendente.
Los cargos contra Parisi son demoledores: incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Con absoluto desprecio por la legalidad, extrajo copias de una investigación fiscal para incorporarlas ilegalmente a su expediente y, como si fuera poco, permitió que Ortega Serrano accediera a información reservada y la distribuyera a su antojo.
La cadena de impunidad no terminó ahí. Ortega Serrano hizo llegar las copias a Carlos Alfredo Martínez justo cuando la Fiscalía preparaba un allanamiento en su domicilio para secuestrar su teléfono celular. Martínez, alertado con tiempo, modificó su contenido y manipuló testigos para que alteraran sus declaraciones, desvirtuando la causa y buscando garantizar la impunidad de los verdaderos responsables del crimen.
El asesinato de César Daniel Martínez, quien fue acribillado con 12 disparos en la puerta de la casa donde cumplía prisión domiciliaria, fue facilitado por el propio exjuez Parisi, quien le concedió el beneficio de la domiciliaria a cambio de dinero. Este es apenas un eslabón más en la cadena de corrupción que rodea al exmagistrado, que también enfrenta una acusación por cohecho.
Las fiscales Daniela Murúa y Mariana Torres, junto con el fiscal penal Daniel Espilocín, han presentado pruebas contundentes que exponen la oscura trama tejida por Parisi y sus socios. Ahora, con la elevación a juicio, la sociedad espera una condena ejemplar para quienes, desde el poder, utilizaron la Justicia como un instrumento para delinquir y protegerse entre ellos.
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