La intervención del Instituto Provincial de la Salud (IPS) en Salta, dispuesta por el gobernador Gustavo Sáenz, se produce en un contexto de crisis financiera y dificultades en la prestación de servicios. Con una deuda acumulada de $2200 millones con los prestadores médicos, la situación ha generado preocupación tanto en los profesionales de la salud como en los afiliados que dependen de la cobertura de la obra social provincial.
El jefe de Gabinete y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, brindó detalles sobre la decisión del gobierno y la situación financiera del IPS. En diálogo con Interactiva Noticias, explicó:
“Lo primero que tengo que decir es que el IPS es un organismo autárquico, tiene vínculo con el gobierno, por eso es que el gobierno ha decidido la intervención. Lo segundo es que todas las obras sociales provinciales del país están en una situación muy compleja porque, claramente, con esta cantidad de acciones que toma el gobierno nacional, como la liberación de los costos de los medicamentos, quedan totalmente desbalanceadas.”
“Nosotros venimos cumpliendo absolutamente con el interés del gobierno de la provincia en términos de lo que significa depositar las retenciones que el gobierno debe hacer en aporte y contribuciones. Claramente, el nivel y la cantidad, y en todo caso la calidad comparada con otras provincias, es muy superior cuando está funcionando sin tocar servicios. Eso hace que hoy el IPS se encuentre con un proceso de déficit operativo. Ese déficit operativo es lo que esta intervención busca solucionar. Pero no es falta de dinero en lo que corresponde a las retenciones de aportes y contribuciones que la provincia no haya mandado. Es una estructura muy grande, y habrá que verificar, renegociar o analizar cada uno de los convenios con cada una de las prestadoras. También habrá que mejorar el sistema de auditoría por parte del IPS.”
El ministro también explicó la situación con respecto a los municipios: “Hay un tema que es muy importante y es que los municipios de la provincia, en general, tienen un valor retributivo muy diferente del sueldo de bolsillo que cobran los empleados, y las retenciones se hacen sobre el retributivo. Entonces, hay casos en donde un empleado de algún lugar de la provincia, o incluso de la capital, termina afiliando a su grupo familiar, por ejemplo, su esposa y tres hijos, y tiene un aporte de 28.000 pesos al IPS. Es imposible sostener una obra social de ese modo, teniendo que brindar prestaciones a varias personas con un aporte total de 28.000 pesos. Cuando se comparan con las prestadoras particulares o privadas, se sabe que hoy un plan básico está con aportes de entre 400.000 y 500.000 pesos.”
Respecto a los rumores sobre una posible privatización del organismo, Camacho fue categórico: “Hubo muchas versiones ayer sobre que la intervención tenía que ver con algún tipo de especialización o privatización, pero la realidad es que el objetivo de este gobierno es que el IPS siga siendo la obra social de los empleados municipales y provinciales, y que lo haga de la mejor manera y de la forma más eficiente. No hay ninguna visión ni ninguna posibilidad de que ocurra de otra manera.”
Finalmente, el ministro remarcó que antes de evaluar un aumento en las retenciones a los trabajadores, se buscarán soluciones internas: “Primero, antes de meterle la mano al bolsillo del trabajador, queremos que el sistema funcione lo más eficientemente posible, con la mejor y mayor cantidad de auditorías en términos de las prestaciones, y con una reducción o renegociación de los convenios con las distintas prestadoras para adecuarse a este nuevo contexto económico.”
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