El Ministerio Público Fiscal de Salta presentó un Recurso de Queja ante la Corte de Justicia provincial para que se revise la sentencia que redujo las condenas a exintegrantes de la Asociación Docente Provincial (ADP), involucrados en maniobras fraudulentas que afectaron a 26 familias.
En noviembre de 2024, Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, extesorera, habían sido condenadas a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por administración fraudulenta y estafas reiteradas. En tanto, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi recibieron tres años de prisión de ejecución condicional.
Tras los recursos de defensa, la Sala IV del Tribunal de Impugnación redujo las penas al considerar que los 26 hechos de estafa constituían un único hecho de estafa continuada, y fijó tres años y seis meses de prisión para Patricia Argañaraz y Ana Cerezo, y un año y seis meses de prisión condicional para Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi.
El Fiscal de Impugnación interino, Daniel Espilocín, sostiene que la reducción de la pena fue una aplicación errónea y arbitraria de la ley, al no considerar el daño causado a las familias afectadas ni la diversidad de maniobras fraudulentas realizadas por los imputados.
En su recurso, el MPFS solicita que la Corte declare mal denegado el Recurso de Inconstitucionalidad previamente presentado por la fiscal Mónica Poma, y que se restablezcan las condenas originales impuestas por el Tribunal de Juicio, manteniendo los seis años de prisión efectiva para las exdirectivas de la ADP.
Con esta acción, el Ministerio Público busca que se respete la severidad de la sentencia inicial y se haga justicia por los múltiples hechos delictivos que afectaron a los afiliados de la agremiación.
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