Los pasillos de los hospitales públicos ya no solo huelen a alcohol y cloro: también se percibe un aire de urgencia, de cansancio, y de un sistema que grita auxilio. La crisis en especialidades críticas como anestesia y terapia intensiva ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en un reclamo frontal, concreto y colectivo.
Esta semana, gerentes de hospitales de toda la provincia se reunieron con legisladores y autoridades del Ministerio de Salud para debatir el Proyecto de Ley que declara la Emergencia Sanitaria en Especialidades Críticas.
La cita, impulsada desde el Senado, permitió poner sobre la mesa lo que muchos vienen advirtiendo desde hace tiempo: la salud pública se está quedando sin manos para sostenerse. El doctor Martín Monerris, Secretario de Salud, no esquivó el diagnóstico: “Estamos en una emergencia sanitaria, en especial en algunas áreas críticas como anestesia y terapia intensiva. Primero había que decirlo, y ahora, empezar a buscar soluciones reales.”
Los aportes de los gerentes hospitalarios fueron clave. Desde cada rincón de la provincia, trajeron postales alarmantes: quirófanos paralizados, pacientes esperando semanas por una cirugía, terapias intensivas con planteles incompletos, y profesionales agotados. El denominador común: una falta estructural de especialistas que se profundiza cada año.
Uno de los puntos más calientes fue la disparidad entre el sistema público y el privado. Mientras las clínicas pueden pagar honorarios altos, los hospitales deben ajustarse a presupuestos rígidos, imposibles de ampliar sin apoyo legislativo.
“Nosotros no estamos pudiendo pagar específicamente a los anestesistas. Los honorarios actuales no alcanzan, y eso genera una desigualdad que termina afectando a los pacientes”, explicó Monerris.
En ese contexto, la ley de emergencia aparece como una herramienta indispensable para redefinir prioridades, reasignar fondos, y abrir el juego a nuevas incumbencias profesionales.
Una de las propuestas más discutidas fue permitir que terapistas asuman parte de las funciones en anestesia, bajo un marco regulatorio claro y seguro. Pero más allá de los tecnicismos, el reclamo tiene un trasfondo ético. Muchos profesionales siguen sosteniendo el sistema a pulmón, por vocación y compromiso.
La pelota ahora queda en la cancha del Poder Legislativo. El mensaje fue claro: si no se actúa con decisión, la salud pública puede colapsar en las áreas más sensibles. Y cuando eso pasa, no hay sistema privado que alcance para todos.
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