A mediados de diciembre se desató un escándalo en la Cámara de Diputados. La abogada Liliana Hermosilla, quien se desempeñaba como jefa del Área Jurídica de la Cámara baja, denunció irregularidades, como despidos arbitrarios y autodesignaciones de planta política en los más altos niveles de planta permanente y sin cumplir con ninguna norma que ordenan los actos administrativos de tal naturaleza.
Apuntó contra Gastón Galíndez, Raúl Romeo Medina, Pedro Mellado, Hugo Pablo Pfister Frías, y el chofer del presidente de la Cámara de Diputados por haber sido designados en planta permanente y con categoría alta, con la anuencia del presidente Esteban Amat.
Como represalia, Hermosilla fue notificada sobre su retiro y reemplazo en el cargo en el que venía desempeñándose. Situación que la llevó a atrincherarse en su oficina en la calle Rivadavia al 700. Lo que siguió fue tristemente conocido por todos: como si fuese una delincuente de alta peligrosidad, fue retirada de las instalaciones por efectivos del Gopar, Bomberos y Samec y sometida a un arresto domiciliario.
“No puedo bajar los brazos porque estoy en un cumplimiento de un deber legal y las Constituciones deben ser defendidas. Los dirigentes cometieron actos delictivos que una jefa de Asesoría Legal no puede permitir de ninguna manera”, aseguró casi un mes después la abogada en diálogo con Interactiva.
Hermosilla denuncia que quienes ella denunció “se dedican a desprestigiarme y censurarme”. Además, aseguró que los cargos jerárquicos como el de ella solo pueden sacarse por sumario o por concurso y ninguna de las dos cosas se hizo.
“He llegado a hacer la denuncia ante la Cámara de Diputados, pero estos señores retienen la denuncia y no dejan que entre a los legisladores. Es insólito que ellos rechacen su propia denuncia. Si tendríamos justicia ninguno de estos señores puede ser diputado, secretario de la Cámara, ni nada”, afirmó.
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