Tras el encuentro con el presidente Javier Milei, los 20 gobernadores que participaron reclamaron que la negociación del presupuesto 2026 se convierta en un primer gesto concreto antes de avanzar con las reformas laboral y tributaria, prioridades del Gobierno para la segunda etapa de la gestión.
Aunque los mandatarios valoran la voluntad de diálogo que promueve la Casa Rosada, coinciden en que el proyecto debe contemplar al menos dos puntos críticos: obras públicas, especialmente aquellas que requieren avales de organismos internacionales, y la cobertura del déficit de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Nación.
El tiempo es un factor clave. A menos que se convoquen sesiones extraordinarias, el Congreso tiene apenas un mes antes del cierre del período ordinario para sancionar la ley de leyes. La oposición ha presionado a la Comisión de Presupuesto, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, para que firme el dictamen correspondiente esta semana y garantizar la sanción antes del 30 de noviembre. Por su parte, el oficialismo busca postergar la aprobación del Senado hasta después de la renovación parlamentaria, prevista para el 10 de diciembre, lo que genera tensiones sobre los plazos.
Los gobernadores aseguran que no pondrían objeciones a la postergación, siempre y cuando haya señales claras de que el Gobierno está dispuesto a negociar. Algunos sugieren la posibilidad de un dictamen de minoría que luego sea consensuado con el oficialismo, como mecanismo para incorporar los reclamos provinciales.
En cuanto al presupuesto, las noticias son mixtas: por un lado, las transferencias corrientes no automáticas aumentarán casi un 50% nominal, incluyendo un incremento del 306% en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, apenas se destinan $122.763 millones para cubrir los déficits de las cajas no transferidas, cifra que representa menos del 10% del monto que Anses debería girar anualmente sin incluir la deuda. Además, las transferencias de capital para obras viales caen un 44% respecto del crédito vigente, lo que genera preocupación sobre la continuidad de los convenios provinciales.
Los gobernadores enfatizan que el país no puede pasar otro año sin presupuesto, y que éste debe reflejar los intereses provinciales y la previsibilidad fiscal. “La Argentina necesita un presupuesto, necesita previsibilidad. Allí tiene que estar reflejado el potencial de todo el interior productivo”, sostuvo Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. En línea similar, Sergio Ziliotto, de La Pampa, remarcó que las provincias han asumido numerosas competencias que corresponden al Gobierno nacional, y que por eso es indispensable contemplar sus intereses en la ley de leyes.
A pesar de las diferencias de cercanía con la Casa Rosada, todos los mandatarios coincidieron en la necesidad de que se respeten los compromisos de obra pública y que se avance en la regularización de las cajas previsionales. “La voluntad de todos es que haya presupuesto, pero deben atenderse los pedidos que se vienen acumulando”, afirmó un gobernador del norte del país, resaltando que los detalles aún deberán definirse en el Congreso.
El clima político sugiere que la negociación del presupuesto será la primera prueba de fuego del gobierno de Milei para demostrar que su discurso de diálogo y apertura puede traducirse en medidas concretas que beneficien tanto a la Nación como a las provincias. La expectativa ahora está puesta en los próximos pasos del oficialismo y en la capacidad de los gobernadores para garantizar que sus reclamos sean escuchados y atendidos antes de que comiencen a discutirse las reformas estructurales.
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