El gobernador Gustavo Sáenz abrió el 127.º período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso que dejó un mensaje contundente: pese al contexto económico adverso y a la drástica caída de fondos nacionales, la obra pública en Salta no se detiene. Con una inversión de 270.000 millones de pesos, financiada con recursos propios, la provincia llevará adelante 690 obras en 2025, cifra que se eleva a 750 al incluir otras fuentes de financiamiento.
Este anuncio no es menor si se considera que, al asumir la gestión, el presupuesto para infraestructura representaba apenas el 3,5% y estaba subejecutado. Desde entonces, la decisión política de priorizar el desarrollo se tradujo en un crecimiento sostenido de la inversión pública, permitiendo la concreción de proyectos que durante años fueron solo promesas.
Gustavo Sáenz destacó avances significativos, como la inminente inauguración del primer edificio del hospital San Bernardo, la finalización de la Terminal de Ómnibus de General Güemes en abril, mejoras en 98 escuelas y una fuerte apuesta en agua y saneamiento con una inversión superior a los 70.000 millones de pesos. También anunció que, ante el retiro del financiamiento nacional para la construcción de viviendas, la provincia finalizará cerca de dos mil unidades en la capital y el interior.
Pero el gobernador no solo planteó cifras y proyectos, sino que lanzó un llamado a la unidad política. Invitó a los legisladores nacionales a trabajar en conjunto para defender los intereses de Salta y, en un mensaje claro contra la subordinación a intereses externos, sentenció: “Nunca he buscado, ni quiero, la bendición de ningún dirigente nacional que no conoce las necesidades de Salta y solo viene una vez en campaña electoral a levantarle la mano a uno u otro”.
El contexto económico en el que se desarrolla esta gestión es complejo. La suspensión de transferencias nacionales a las provincias impactó severamente en Salta, que sufrió una caída del 9,8% en los fondos coparticipables y un desplome del 82% en transferencias no automáticas. Ante esta situación, el gobernador insistió en la necesidad de reclamar el pago de una deuda nacional de 244.800 millones de pesos pendiente desde 2017 y propuso un nuevo régimen de coparticipación basado en criterios objetivos.
Las obras de infraestructura también fueron eje de su mensaje. Sáenz subrayó que se sostuvieron con recursos propios más de 450 obras, muchas de ellas originalmente responsabilidad del Estado Nacional. Entre los proyectos clave mencionó el bypass vial en Campo Quijano, la pavimentación de rutas en Los Andes y Anta, y la conexión vial en la capital. Además, anunció la licitación de la Autopista del Valle de Lerma y la gestión de financiamiento para la repavimentación del Camino a Colón.
La seguridad también ocupó un lugar destacado. Con la continuidad del Plan Güemes, que fortalece el combate contra el narcotráfico, y el pedido de mayor control aéreo para identificar vuelos irregulares, el mandatario reiteró su compromiso con la lucha contra el delito. Asimismo, adelantó la presentación de un proyecto para modificar el Código Procesal Penal con el fin de agilizar la justicia penal.
El mensaje de Sáenz fue claro: su gestión se define por hechos, no palabras. En un contexto de incertidumbre económica, el gobernador busca consolidar su legado con obras concretas, mientras desafía a la oposición y a la Nación a comprometerse realmente con el desarrollo de Salta. La gran pregunta es si los recursos seguirán alcanzando para sostener este ritmo de inversión o si la provincia, en su esfuerzo por cubrir lo que la Nación dejó de financiar, verá afectadas otras áreas clave. El tiempo y la gestión responderán a este interrogante.
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