La normalización institucional del Instituto Provincial de Salud (IPS) llega acompañada de una advertencia clara desde el sector odontológico: el sistema prestacional está tensionado y amenaza con resentir la atención a los afiliados. Frente a ese escenario, el Senado provincial decidió convocar al nuevo titular del organismo, Martín Baccaro, para exigir respuestas apenas asuma formalmente la conducción de la obra social.
El planteo surgió este martes durante una reunión de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara alta, donde representantes de las tres entidades que agrupan a los odontólogos de Salta expusieron un panorama que combina atraso arancelario, demoras en los pagos y problemas operativos con el sistema de auditoría.
Las autoridades de la Asociación Odontológica de Salta, el Círculo de Odontólogos y la Sociedad de Odontólogos coincidieron en que la ecuación económica del sector se deterioró de forma sostenida en el último año.
Aranceles retrasados y pagos cada vez más lentos
Uno de los puntos más sensibles es el plazo de pago de las prestaciones. Según explicaron los profesionales, los desembolsos que deberían concretarse a 30 días se están realizando actualmente entre 50 y 60 días, y además en dos cuotas del 50%.
A esa demora se suma un atraso en los valores que perciben por las prácticas. Las entidades estimaron que el sector perdió alrededor del 25% de su poder adquisitivo desde enero de 2025. El cálculo surge de comparar la inflación acumulada del 32% con el aumento arancelario del 9% otorgado durante el primer semestre del año pasado.
El desfasaje, advirtieron, empieza a impactar directamente en la sostenibilidad del servicio.
Menos cobertura y más costos
Los odontólogos también señalaron que desde la pandemia se redujo la cobertura prestacional. Mientras antes se autorizaban cuatro prácticas mensuales por paciente, actualmente el sistema permite solo dos.
En paralelo, los costos operativos aumentaron. Tras la eliminación en octubre pasado del llamado “Código Covid”, que cubría insumos de bioseguridad utilizados en la atención odontológica, los profesionales quedaron nuevamente a cargo de esos gastos sin que se recompusiera el ítem para descartables.
El resultado, explicaron, es un escenario de ingresos deteriorados frente a costos que continúan en alza.
Un sistema de auditoría bajo cuestionamiento
Otro de los reclamos apuntó al mecanismo de control implementado por la obra social. Las entidades denunciaron que la auditoría mediante el envío de fotografías por WhatsApp resulta “engorrosa” y expone datos sensibles de los pacientes, además de trasladar al profesional tareas administrativas propias del IPS.
A esto se suma el sistema de autorización por token para cada prestación, un procedimiento que —según indicaron— consume tiempo durante la consulta y termina afectando la dinámica de atención en los consultorios.
Menos pacientes del IPS
El deterioro de la relación también se refleja en el volumen de atención. Antes de la pandemia, los afiliados del IPS representaban cerca del 80% de las consultas odontológicas, con un promedio mensual de 15 mil fichas.
Hoy ese número cayó a 12 mil, lo que equivale a aproximadamente el 60% del total de pacientes atendidos.
La intervención del Senado
Ante este escenario, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Manuel Pailler, confirmó que el cuerpo convocará al nuevo presidente del IPS una vez que asuma formalmente.
La intención es trasladar directamente a Baccaro las preocupaciones planteadas por el sector y avanzar en la búsqueda de un nuevo convenio prestacional que permita recomponer los aranceles y mejorar el funcionamiento operativo del sistema.
El desafío no será menor: la discusión se abre justo cuando el Gobierno provincial intenta cerrar la etapa de intervención administrativa del IPS y relanzar su conducción en medio de tensiones con distintos prestadores del sistema de salud.
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