El comienzo del ciclo lectivo vuelve a quedar bajo amenaza. A pocos días del regreso a las aulas, los gremios docentes de la CGT confirmaron que se plegarán al paro nacional convocado para el lunes 2 de marzo, una decisión que profundiza el conflicto educativo y pone en jaque el inicio de clases en gran parte del país, con especial impacto en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
La medida fue ratificada por los sindicatos que integran el espacio educativo cegetista: la Unión Docentes Argentinos(UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Ambos confirmaron su adhesión a la huelga anunciada días atrás por CTERA, ampliando el alcance de la protesta y consolidando un frente gremial unificado contra la política educativa del Gobierno nacional.
El dato distintivo —y políticamente sensible— es que por primera vez en este conflicto confluyen CTERA y los sindicatos docentes de la CGT, una convergencia que eleva el nivel de presión institucional y deja al Ejecutivo sin margen para minimizar el alcance de la medida.
El punto de quiebre: paritaria nacional ausente
Desde los gremios coinciden en señalar un factor central: la falta de convocatoria a la paritaria docente nacional. “Venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”, afirmó Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de UDA. En la misma línea, Fabián Felman, secretario general de la CEA, sostuvo que “en las actuales circunstancias generadas por el Gobierno, no queda otra alternativa que reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales”.
El reclamo excede la discusión salarial. Los sindicatos denuncian el mayor recorte presupuestario en décadas, la eliminación de obligaciones del Estado nacional en materia educativa y la derogación de normas que garantizaban inversión mínima en el sistema. Entre los puntos más sensibles aparece la no restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), clave para complementar los ingresos en las provincias.
Educación, ajuste y conflicto prolongado
En los documentos gremiales se advierte que la retirada del Estado nacional de sus responsabilidades “impacta de manera directa en la calidad educativa, profundiza desigualdades y compromete el futuro de millones de estudiantes”. A ese diagnóstico se suma el rechazo frontal al proyecto de “Libertad Educativa”, impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que los sindicatos califican como una iniciativa que “mercantiliza la educación” y habilita reformas laborales regresivas bajo la figura de servicios esenciales.
CTERA, que resolvió el paro en un congreso extraordinario encabezado por Sonia Alesso, reclamó además una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mejoras en infraestructura, conectividad, recursos pedagógicos y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes. La organización anticipó que las acciones gremiales se extenderán durante marzo, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas medidas.
Buenos Aires, el epicentro del impacto
El escenario es particularmente delicado en la provincia de Buenos Aires. Al paro nacional se sumará el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, lo que podría dejar a cerca de un millón de estudiantes sin clases en el inicio previsto.
En paralelo, continúan las negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof, aunque sin avances significativos. Los gremios rechazaron una oferta salarial del 3% y las conversaciones quedaron en cuarto intermedio, sin acuerdo a la vista antes del lunes.
Un inicio de clases en suspenso
Con la adhesión de los gremios docentes de la CGT, el paro del 2 de marzo deja de ser una advertencia sectorial y se convierte en un conflicto nacional de alto voltaje político. La falta de una señal concreta del Gobierno para reactivar la paritaria docente amenaza con trasladar la disputa a las aulas —o, mejor dicho, a su ausencia— y marcar el comienzo del ciclo lectivo con un mensaje contundente: sin acuerdo, no hay normalidad escolar.
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