El juez José Luis Riera, de la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, dictó sentencia contra Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y Ana María Cerezo, extesorera, imponiéndoles una pena de seis años de prisión efectiva. Ambas fueron halladas culpables de administración fraudulenta y de cometer 26 hechos de estafas reiteradas. Asimismo, se ordenó su inmediata detención.
Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, otros acusados en la causa, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso. Fueron considerados partícipes necesarios en los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas.
La Fiscal Ana Inés Salinas Odorissio había solicitado siete años de prisión para las principales acusadas y una inhabilitación de diez años para ejercer cargos gremiales, pero esta última medida fue rechazada por el juez.
El esquema de fraude
La investigación reveló que Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo desviaron fondos del gremio mediante el uso de documentos falsificados y promovieron contratos fraudulentos con el fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, prometiendo viviendas a los docentes a cambio de pagos que nunca se tradujeron en resultados tangibles.
Entre las irregularidades comprobadas:
- Intentos de transferir inmuebles del sindicato hacia el fideicomiso sin contraprestación económica.
- Gastos personales cubiertos con fondos del gremio.
- Pagos sin respaldo documental y cheques no registrados como ingresos contables.
- Falta de conciliaciones bancarias y contratos improcedentes.
Especialistas determinaron que el fideicomiso no era viable económica ni legalmente, ya que no se logró completar ninguna de las 23 viviendas proyectadas, pese a los aportes de 110 docentes.
Un escándalo de larga data
El caso tomó notoriedad cuando Raúl Dante Argañaraz, hermano de la ex Secretaria sindical, denunció públicamente un desfalco de más de $100 millones. La crisis interna escaló hasta involucrar a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que debió intervenir en la disputa gremial.
Además de las acusaciones de corrupción, el caso se tornó más grave con denuncias de amenazas, incluyendo un audio atribuido a Patricia Argañaraz en el que se percibían intenciones intimidatorias contra David Romero, vocal del gremio.
La sentencia marca un punto culminante en uno de los casos de corrupción más resonantes de la provincia de Salta, exponiendo fallas en la conducción gremial y la necesidad de mayor transparencia en la gestión de los fondos docentes. La condena efectiva contra Argañaraz y Cerezo representa un paso hacia la rendición de cuentas en una institución clave para los derechos del magisterio.
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