En virtud de contar con elementos de convicción suficientes para el ejercicio de la acción penal, el fiscal Flores pidió la elevación a juicio al entender que se halla suficientemente acreditada la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal del acusado.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, imputó al exintendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí en agosto pasado, por la comisión del delito de peculado y por haber retirado la suma de $ 549.938,89 (quinientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos), que consistían en fondos girados por el Ministerio de Desarrollo la Nación, directamente a la cuenta de ese municipio y a los que no les dio el fin específico asignado por convenio con ese ministerio.
La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el actual jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás, por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente. Es que Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.
Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el actual intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.
Surgió claramente entonces, que el exjefe comunal, quien estaba a autorizado a retirar los fondos girados desde Nación y depositados directamente en la cuenta de ese Municipio, los sustrajo, sin darles el fin específico asignado por convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; ello no obstante la restitución posterior del dinero por parte del imputado.
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