La llegada de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a Salta este lunes, no será una visita protocolar. Con un operativo que ya cumplió un año y cifras oficiales que buscan respaldarlo, el Gobierno nacional pondrá en revisión el Plan Güemes, una de sus principales apuestas en materia de control fronterizo.
El encuentro se realizará en la sede de la Gendarmería Nacional Argentina, donde se presentará un balance del despliegue en el norte provincial. El eje estará puesto en medir resultados, pero también en ajustar una estrategia que, aunque exhibe números contundentes, sigue enfrentando desafíos estructurales.
Según datos oficiales, durante 2025 se incautaron más de siete toneladas de droga en el marco del operativo. La cifra —que se traduce en millones de dosis fuera de circulación— es el principal argumento del Gobierno para sostener la efectividad del plan. Sin embargo, también abre otra lectura: la magnitud del flujo ilícito que continúa circulando por los corredores fronterizos.
El Plan Güemes se despliega en zonas críticas como Aguas Blancas, Orán, Salvador Mazza y Tartagal, puntos donde confluyen narcotráfico, contrabando y otras economías ilegales. Allí, la estrategia combina fuerzas federales con la policía provincial, en un esquema de coordinación que, según admiten desde el propio Ejecutivo, aún está en proceso de consolidación.
La visita de Monteoliva incluirá además la entrega de equipamiento tecnológico para reforzar tareas de control y monitoreo. Este punto no es accesorio: la incorporación de tecnología aparece como una de las claves para sostener operativos en territorios extensos y de difícil acceso.
Pero el dato político está en otro lado. El desembarco de Nación en Salta —y la continuidad de la agenda en Jujuy— busca reafirmar presencia en una región donde la seguridad se volvió un tema central, no solo por el delito, sino por su impacto social y económico.
El balance del Plan Güemes llega así en un momento bisagra: con resultados que el oficialismo presenta como positivos, pero con la presión de mejorar la eficacia operativa en un escenario donde las organizaciones criminales también se adaptan.
Más que un cierre de etapa, la reunión funcionará como una recalibración. Porque en la frontera norte, los números importan, pero la disputa real sigue siendo territorial.
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