La Ley N° 7.857, que declaró la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en Salta en 2014, está nuevamente en el centro del debate. A punto de vencer en septiembre, se discute en la Legislatura si se otorgará una nueva prórroga, considerando tanto los avances logrados como las tareas pendientes.
La senadora provincial Alejandra Navarro, expuso la situación con una mezcla de preocupación y urgencia. “Desde 2014, la provincia de Salta ha estado en emergencia de género, prorrogada cada dos años, y este 8 de septiembre se vence nuevamente”, explicó Navarro. La senadora dejó claro que, si bien se han destinado recursos y se han implementado políticas, los resultados distan de ser los esperados. “Tenemos un Observatorio de Violencia de Género que evalúa las políticas implementadas, pero las cifras de femicidios y denuncias nos hacen cuestionar si lo que estamos haciendo es suficiente”, agregó.
La situación es alarmante. Solo en 2023, Salta registró 12 femicidios, 7 de los cuales ocurrieron en la capital provincial. Además, las denuncias de violencia de género han mostrado un aumento constante desde 2016, pasando de un promedio de 15.000 denuncias en ese año a 26.000 en 2023. Aunque este incremento podría interpretarse como un mayor conocimiento y acceso a los recursos por parte de las víctimas, también revela una persistente crisis que las políticas actuales no han logrado mitigar.
El nuevo plan presentado por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad para el período 2024-2026, que solicita la continuidad de la emergencia, incluye cinco ejes fundamentales. Sin embargo, la senadora Navarro manifestó escepticismo sobre su efectividad: “Es crucial que evaluemos estas acciones porque, a pesar de tener instituciones dedicadas y campañas de difusión, los resultados son insuficientes. Las cifras de violencia siguen siendo altas, y eso significa que algo no estamos haciendo bien”.
Una crítica importante es que las políticas podrían estar mal orientadas. Navarro marcó coincidencias con la diputada Gladys Paredes, quien sugirió que quizás se ha puesto demasiado énfasis en la juventud, descuidando otros sectores vulnerables como las personas mayores. “Hemos tenido casos de femicidios donde tanto la víctima como el agresor eran mayores. Es posible que necesitemos redireccionar nuestras capacitaciones y campañas hacia otros grupos que también requieren atención”, señaló Navarro.
La vulnerabilidad de las mujeres se hizo aún más evidente durante la pandemia, cuando las denuncias de violencia aumentaron dramáticamente. Este contexto refuerza la necesidad de políticas más efectivas y de un análisis profundo sobre la verdadera utilidad de prorrogar la emergencia.
La decisión sobre la prórroga debe tomarse pronto, ya que la actual ley expira en menos de un mes. Mientras tanto, las preguntas siguen en el aire: ¿realmente se han logrado avances significativos? ¿O estamos atrapados en una espiral de medidas que no logran el impacto necesario? La respuesta de los legisladores determinará si Salta continuará bajo la emergencia de género, pero más allá de la prórroga, lo que realmente se necesita es un replanteamiento de las estrategias para asegurar que las políticas implementadas finalmente empiecen a reflejarse en una reducción efectiva de la violencia de género en la provincia.
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