La justicia federal de Salta cerró un capítulo que evidenció cómo la negligencia en organismos estatales puede afectar directamente a productores y a la sanidad animal de la provincia. Dos exfuncionarios del SENASA en la localidad de Joaquín V. González fueron condenados por irregularidades en la emisión de Documentos de Tránsito Electrónico (DTE), que permitieron movimientos de ganado falsos y alteraciones en los registros oficiales, con graves consecuencias económicas y sanitarias.
La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, homologó un acuerdo pleno el 18 de diciembre de 2025. Sergio Miguel Achtar, inspector y encargado de la oficina local, recibió 1 año y 4 meses de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos. Natalia Gramajo, secretaria administrativa, fue condenada a 1 año de prisión en suspenso por facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.
El caso se originó en denuncias presentadas el 3 de enero de 2024. Uno de los denunciantes alertó que el stock real de sus animales no coincidía con el registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). Se descubrió que se habían emitido DTE a nombre de productores, incluso de un fallecido en 2013, registrando traslados de equinos y vacunos inexistentes hacia otra unidad productiva en Entre Ríos. Estas maniobras se repitieron en varias oportunidades, afectando directamente los beneficios y la provisión de recursos sanitarios a los productores legítimos.
La investigación, liderada por el fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta, Eduardo Villalba, junto a la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, documentó la gravedad de las irregularidades. Las auditorías de SENASA confirmaron documentos incompletos, sin firmas, con datos faltantes, y la circulación de ganado sin verificación de procedencia ni controles sanitarios, incluyendo riesgos frente a enfermedades como fiebre aftosa.
Raúl Francisco Díaz Pardo, excoordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA, también está imputado por los mismos delitos. La investigación sigue en curso, dado que su rol involucraba supervisión sobre los procesos de registro y tránsito de ganado en la región.
La fiscalía destacó que las conductas de los imputados no solo fueron negligentes, sino que contravinieron el deber legal de custodiar y garantizar la correcta función del SENASA, organismo clave para la seguridad sanitaria y la economía agropecuaria. La emisión de documentos falsos y la manipulación de stock repercute directamente sobre los productores, quienes pueden ver afectados sus recursos y beneficios, y sobre la salud animal de toda la provincia.
El caso pone en evidencia la necesidad de controles más estrictos en organismos públicos, para que la administración del Estado no sea un eslabón vulnerable que ponga en riesgo la economía, la salud y la confianza del sector agropecuario. Mientras tanto, la sociedad espera que las investigaciones en curso incluyan a todos los responsables y fortalezcan los mecanismos de supervisión en el SENASA.
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