La provincia de Salta atraviesa uno de los casos más graves de trata sexual de menores en su historia reciente. La investigación judicial, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, ha identificado hasta el momento 33 víctimas y nueve imputados en una red que operaba sobre adolescentes de colegios públicos y privados, sometiéndolas a explotación sexual sistemática y generando un impacto profundo en la comunidad.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria colaboran en el despliegue de pruebas y medidas de protección a las víctimas.
El juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, autorizó la ampliación de imputaciones y la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026, asegurando que la Fiscalía pueda completar diligencias clave: análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados, peritajes a redes sociales y entrevistas en Cámara Gesell que permiten a las adolescentes relatar con detalle la dinámica de la red y asegurar su protección.
El caso se inició en junio de 2024, cuando la madre de una de las víctimas descubrió mensajes de índole sexual en el teléfono de su hija enviados por un remisero, actualmente imputado. Esa denuncia permitió reconstruir la magnitud de la red: adolescentes captadas para explotación sexual, sometidas a condiciones físicas y de vestimenta específicas, forzadas a prácticas sexuales y, en varios casos, a consumir drogas, y obligadas a reclutar a otras menores. Los lugares donde se consumaba la explotación incluían domicilios particulares y alojamientos ubicados sobre la ruta 26.
De los nueve imputados, ocho enfrentan cargos como coautores de trata de personas con fines de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; cinco de ellos integran una asociación ilícita destinada a la promoción y facilitación de la prostitución. Además, seis imputados son responsables de tenencia y distribución de material sexual de menores, dos por abuso sexual de una menor de 13 años y uno por corrupción de menores.
La Fiscalía destacó que la perversidad de los acusados se evidenciaba incluso en cómo descartaban a las víctimas al cumplir 18 años y en la sistemática coacción para impedir denuncias. La labor de contención psicológica y seguimiento realizada por el Área de Víctima de la Fiscalía permitió no solo que las adolescentes relataran los hechos, sino también identificar a nuevas víctimas, ampliando el alcance del caso.
El fiscal Villalba subrayó que la evidencia recolectada —mensajes, transferencias bancarias, registros de redes sociales y testimonios— confirma la existencia de un entramado criminal estructurado y coordinado. La investigación sigue abierta, con la posibilidad de identificar a otros implicados y esclarecer todos los aspectos de esta red que vulneró derechos fundamentales de niñas y adolescentes en Salta.
Este caso recuerda la importancia de la vigilancia, la persecución judicial rigurosa y la protección integral de las víctimas. La justicia federal y las autoridades provinciales trabajan de manera sostenida para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y que la sociedad recupere confianza en el sistema de protección de los menores.
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