El Gobierno profundizó la reducción de subsidios a la luz y el gas, con más de 2 millones de hogares excluidos de la asistencia y una caída superior a US$5600 millones en el gasto energético. Mientras Economía celebra la “depuración del sistema”, crecen las tensiones por el impacto en ingresos, consumo y el costo de vida.
El esquema de subsidios energéticos atraviesa una de sus transformaciones más profundas en los últimos años. Según datos oficiales, durante la actual gestión se redujo en 2,1 millones la cantidad de hogares subsidiados en electricidad y en casi 900.000 en gas natural por redes, en el marco de una política de recorte del gasto público y reconfiguración del sistema tarifario.
La reducción acumulada del gasto en asistencia energética supera los US$5600 millones, impulsada por aumentos tarifarios, cambios en los criterios de acceso y una depuración del padrón que detectó inconsistencias como usuarios fallecidos, registros duplicados y beneficiarios en zonas de alto poder adquisitivo.
Desde la Secretaría de Energía sostienen que el objetivo fue corregir distorsiones históricas del sistema. “Estamos terminando con que hogares con alta capacidad de pago recibían subsidios financiados por todos los argentinos”, señalaron fuentes oficiales al defender la reestructuración.
El impacto se refleja en el aumento sostenido de usuarios que pagan la tarifa plena. En electricidad, los hogares subsidiados pasaron de representar el 67% a poco más del 53% del total, mientras que en gas la cobertura cayó por debajo del 50%, consolidando un cambio estructural en el esquema de asistencia estatal.
El nuevo modelo reemplazó la segmentación por ingresos por un sistema más simplificado de subsidios focalizados, donde la asistencia se concentra en hogares vulnerables y se reduce el acompañamiento a sectores medios. En paralelo, los usuarios comenzaron a afrontar una mayor proporción del costo real de la energía, que en algunos casos trepó del 30% al 70%.
El reordenamiento tarifario también mejoró los niveles de cobrabilidad del sistema, que pasó de menos del 50% a valores cercanos al 97%, según datos oficiales y de las distribuidoras. Sin embargo, el impacto en los hogares se traduce en una mayor presión sobre el ingreso disponible, en un contexto de inflación y caída del consumo.
Distintos especialistas advierten que el cambio no es solo coyuntural, sino estructural. El ajuste en subsidios convive con una recomposición tarifaria que se ubica por encima del nivel general de precios y que ya se refleja en el índice de inflación, donde los servicios públicos fueron uno de los principales motores del aumento reciente del costo de vida.
En paralelo, exfuncionarios del área energética coinciden en que el país atraviesa una transición hacia un esquema de menor intervención estatal, aunque advierten que el desafío será sostener la estabilidad social frente al mayor peso de las tarifas en la economía familiar.
El debate, lejos de cerrarse, se instala en el centro de la agenda económica: cómo equilibrar la reducción del gasto público con el impacto directo en millones de hogares que hoy enfrentan una mayor exposición al costo real de la energía.
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