El gobernador Gustavo Sáenz decidió acelerar un debate incómodo para la política y convocó a la Legislatura de Salta a sesiones extraordinarias para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impone exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios de los tres poderes del Estado. La norma ya ingresó al Palacio Legislativo y reabre una discusión que el año pasado quedó bloqueada.
El llamado a extraordinarias se sustenta en el DNU Nº 32/2026, que establece como condición para asumir o permanecer en un cargo público la realización de controles toxicológicos sorpresivos. El alcance es amplio y transversal: gobernador y vicegobernador, ministros, legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, autoridades del Ministerio Público y de la Corte de Justicia, además de toda persona que ingrese a la función pública en los organismos comprendidos.
Desde el Ejecutivo provincial se explicó que la medida apunta a garantizar la aptitud física y psíquica de quienes ejercen responsabilidades públicas. El decreto plantea que el acceso al Estado no es un privilegio, sino una función que debe cumplirse con ética, idoneidad y transparencia, y se apoya en principios como la privacidad, la no discriminación, el derecho de defensa y el debido proceso.
Controles sorpresivos y consecuencias
El esquema previsto fija controles sorpresivos mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria. Ante un resultado positivo, se habilita una confirmación en laboratorio autorizado y la posibilidad de una contraprueba dentro de las 24 horas. El texto es claro en un punto sensible: la negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo y, si se confirma, se activarán los mecanismos de remoción o inadmisibilidad que correspondan según el cargo.
En el Gobierno provincial defienden el uso del DNU como una señal política directa: avanzar en estándares de transparencia y responder a una demanda social persistente sobre la conducta de quienes ocupan cargos públicos. La Legislatura tendrá ahora la palabra. El dato político es que el debate, postergado el año pasado, vuelve con mayor peso institucional y con el gobernador dispuesto a sostenerlo en el centro de la agenda.
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