El Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Salta firmaron un convenio que apunta a un cambio clave en la atención de víctimas de delitos graves: la asistencia psicológica, jurídica y el acompañamiento integral comenzarán desde el inicio mismo de la causa, sin trámites adicionales ni derivaciones tardías.
El acuerdo fue rubricado por el procurador general Pedro García Castiella y el secretario de Justicia y Derechos Humanos Javier Mónico Graciano, y establece un trabajo articulado entre las fiscalías penales y el Programa de Orientación y Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves, que funciona en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia.
El punto distintivo del convenio es operativo: las Fiscalías de Graves Atentados contra las Personas y las Unidades de Delitos contra la Integridad Sexual deberán informar a las víctimas y a sus familiares, desde el primer contacto, sobre la existencia del programa y los servicios disponibles. Con el consentimiento expreso de las personas afectadas, los equipos interdisciplinarios podrán intervenir de manera directa, sin necesidad de presentaciones formales.
El acuerdo reconoce una realidad que atraviesa a las causas más sensibles del sistema penal: el Ministerio Público impulsa la acción penal, pero las víctimas suelen quedar relegadas en medio del proceso judicial. La iniciativa busca acortar esa brecha mediante canales de comunicación más directos, intervención temprana y un abordaje que contemple no solo lo jurídico, sino también el impacto emocional y social del delito.
El Programa de Orientación y Asistencia brindará contención psicológica a víctimas de abuso sexual y a familiares de víctimas de homicidios, asesoramiento jurídico, patrocinio letrado gratuito y la articulación de necesidades urgentes. Esto incluye desde ayuda económica, asistencia habitacional o alimentaria, hasta la gestión de servicios de sepelio, escolarización de niños o la obtención de documentación básica.
Además, el convenio habilita a los profesionales del programa a acceder a información de las causas cuando sea necesario para su intervención, trabajando de manera coordinada con las fiscalías, lo que apunta a evitar la revictimización y la desarticulación institucional.
Desde la Procuración destacaron que el programa cumple un rol central no solo en el reconocimiento de derechos, sino en la contención psicológica en los momentos más críticos, cuando las víctimas y sus familias atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
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