En Salta, pocas discusiones despiertan tanto consenso ciudadano como la necesidad de recuperar la tranquilidad en el espacio público. Y en ese tablero, donde conviven tránsito, comercio, eventos masivos y vida cotidiana, la figura del trapito se volvió un símbolo de desorden, tensión y, para muchos vecinos, de una coerción silenciosa pero persistente.
Con esa lectura política sobre la mesa, el intendente de Salta, Emiliano Durand decidió mover una ficha decisiva: impulsar una reforma legal que duplique las sanciones y habilite arrestos efectivos para quienes cobren estacionamiento de forma ilegal.
No se trata solo de una actualización normativa: es un mensaje político. Durand, acompañado por el senador por Capital, Gustavo Carrizo, y el procurador general, Matías Risso, presentó un proyecto que modifica el artículo 77 del Código de Contravenciones para elevar el máximo de arresto de 20 a 40 días. Pero el corazón de la iniciativa está en su énfasis: que el arresto se cumpla efectivamente en situaciones de alto impacto social —eventos masivos—, cuando la víctima sea una mujer o cuando exista una estructura organizativa detrás de la actividad.
El intendente explicó la raíz del problema con un realismo que refleja la sensibilidad vecinal: “Cuando hay espectáculos, cuando una persona va a comer o una mujer baja con sus hijos del auto por la noche, aparecen personas para coaccionarla. Sino, tenés el temor a que te rompan el auto. Esto tiene que acabarse”. No es casual: la escena que describe es ya parte del paisaje urbano en muchas ciudades argentinas, pero en Salta se transformó en un límite que la gestión municipal ahora busca correr.
El proyecto, que obtendría impulso legislativo con Carrizo como articulador, se inscribe en un contexto donde otras provincias también han avanzado con medidas similares. El senador lo expresó sin rodeos: “En muchos casos, el origen de estas personas es de lugares en donde ya se reguló este tipo de sanciones. Nos toca ahora a nosotros”. Es decir, Salta no solo reacciona: se alinea con tendencias nacionales que endurecen el abordaje de estas prácticas.
Sin embargo, más allá de los aspectos legales, la iniciativa desnuda otra intención: reforzar la autoridad del Estado en las calles. Durand busca dotar de mayores herramientas a la Justicia, a los Fiscales y a la Policía; pero sobre todo intenta restituir una sensación de orden que, por momentos, parece erosionada. El jefe comunal lo sintetizó con una consigna que puede funcionar tanto como diagnóstico como estrategia: “Asegurar la convivencia y asegurar a Salta como destino turístico, para poder disfrutar la ciudad con tranquilidad”.
En tiempos donde la seguridad urbana se volvió un eje central del debate público, la apuesta de Durand representa una línea clara: endurecer sanciones para contener una práctica que, aunque para algunos sea subsistencia, para otros es intimidación. El desafío será equilibrar ese enfoque con políticas sociales que atiendan las raíces del problema. Pero en el plano político inmediato, el intendente eligió un camino sin ambigüedades: marcar el límite, recuperar la calle y enviar una señal de autoridad estatal en un terreno donde, hasta ahora, la informalidad dominaba.
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