Lo que debía ser un espacio de reinserción y contención para condenados por delitos federales, se ha convertido —según pruebas abrumadoras— en una verdadera base operativa para el narcotráfico. La reciente imputación de ocho internos del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes, junto a la pareja de uno de ellos, por comercialización de drogas a gran escala dentro del penal, no sólo expone la fragilidad del sistema penitenciario argentino, sino que desnuda una crisis de gobernabilidad institucional cuyo alcance aún no se ha dimensionado.
La causa judicial, impulsada por la Fiscalía de Distrito de Salta y con intervención directa del fiscal general Eduardo Villalba, tiene orígenes que se remontan a enero de 2024, cuando el preso Cristián Ruiz Díaz logró una cinematográfica fuga del penal federal. Lo hizo utilizando un alicate para cortar los cercos de seguridad, con ayuda externa, y hasta hoy permanece prófugo. Aquella fuga fue solo la punta del iceberg.
Desde entonces, la pesquisa avanzó revelando un escenario tan insólito como alarmante: al menos 250 teléfonos celulares secuestrados, ingreso sistemático de drogas, complicidades internas, y hasta videos de los internos fraccionando cocaína y pasta base dentro de una celda, entre risas y bromas sobre los “precios” de venta. Uno de esos videos fue registrado por un dron de Gendarmería Nacional durante un operativo en el penal, que incluyó el despliegue de 300 agentes, pericias tecnológicas y múltiples allanamientos.
“El Patrón” y una red de narcotráfico intra muros
Entre los imputados figura Rubén Ángel Rodríguez, alias “El Patrón”, señalado como el organizador del esquema criminal. Su red incluía al menos siete internos más y a su pareja, Analía Ivana Astigueta, detenida en Orán, clave en el abastecimiento de la droga proveniente del norte del país, especialmente desde zonas fronterizas con Bolivia.
La complejidad del entramado forzó a la Justicia a tomar medidas excepcionales: prisión preventiva para todos los acusados, traslados a diferentes cárceles y congelamiento de cuentas bancarias. La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, calificó el caso de “enorme gravedad institucional”, haciendo hincapié en la presunta connivencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), cuya responsabilidad sigue bajo investigación.
En una audiencia cargada de evidencia audiovisual, las fiscales Roxana Gual y Mariana Gamba Cremaschi relataron cómo los internos coordinaban ingresos, distribuían y vendían estupefacientes, incluso empleando sistemas de “pasamano” en espacios comunes como la capilla, el taller y la escuela del penal. En total, se hallaron 283 envoltorios de cocaína, 5 de marihuana, 13 tabletas de pastillas, otros 8 teléfonos y múltiples elementos logísticos. La mujer de Rodríguez, además de encargarse del traslado de drogas y celulares, habría recibido transferencias bancarias por entre $100.000 y $200.000 por venta dentro del penal, sumas confirmadas mediante el análisis de cuentas y documentación secuestrada.
Un sistema con antecedentes reincidentes
Los antecedentes de los implicados refuerzan la hipótesis de que se trata de un grupo de alta peligrosidad: Rodríguez cumple una pena de 8 años como organizador de tráfico de drogas; Bilaja, condenado a 6 años y medio, gozaba del beneficio de prisión domiciliaria; Toledo purga 10 años por secuestro extorsivo; Olmos, 4 años y medio por tenencia de drogas con fines de comercialización, entre otros. Es decir, todos los imputados tenían causas penales graves, varias de ellas ligadas al narcotráfico. Pese a ello, las actividades ilegales prosperaron dentro del penal con una eficiencia que no puede explicarse sin la participación —activa o negligente— del personal penitenciario.
Según la fiscalía, el sistema operaba casi como una pyme criminal: la droga ingresaba desde Orán, era acondicionada por Bilaja, fraccionada dentro del penal y distribuida entre pabellones con celulares pasados en visitas o mediante sobornos. Las escuchas revelan una lógica comercial: promociones, stock, control de precios. “Te hago una promo”, dijo Rodríguez en una de las llamadas intervenidas. “El fin de semana fue un éxito”, celebró Acosta tras una jornada de ventas. Cada envoltorio de cocaína era vendido a $10.000, y la demanda era alta.
¿Qué falló?
La pregunta inevitable es: ¿cómo es posible que este nivel de organización criminal florezca dentro de una prisión federal de máxima seguridad? ¿Dónde estaba el control interno del SPF? ¿Cómo pasaron desapercibidas transferencias bancarias reiteradas, cientos de teléfonos celulares, visitas sospechosas, movimientos financieros y hasta la construcción de escondites en pisos y paredes del penal?
Desde el Ministerio Público Fiscal no han dudado en señalar que “esto no se puede haber hecho sin ayuda”. Es decir, la hipótesis de corrupción estructural dentro del SPF ha dejado de ser una suposición y se investiga como parte integral del caso. De hecho, una de las líneas de investigación se inició por la denuncia de un funcionario del propio SPF, lo que podría marcar el inicio de un proceso de depuración institucional, si es que el Estado decide asumir el desafío.
La cárcel como fábrica del crimen
Este caso, lejos de ser un hecho aislado, ilustra el colapso de un sistema penitenciario que, en lugar de resocializar, termina perfeccionando redes delictivas. Lo ocurrido en General Güemes no solo agravia a la Justicia y a la sociedad, sino que deja una advertencia clara: la cárcel ha dejado de ser una frontera de contención para el crimen organizado. En algunos casos, lo potencia.
La respuesta judicial —contundente y articulada— es una señal positiva. Pero será insuficiente si no se acompaña con una transformación profunda del sistema penitenciario argentino. El Estado no puede mirar para otro lado mientras desde las celdas se comercia impunemente con drogas, se maneja dinero, se ordenan fugas y se burla la ley. Es hora de terminar con el doble estándar carcelario: encierro para los pobres, negocios para los jefes.
En nombre de la legalidad y de los derechos humanos, la cárcel no puede ser tierra liberada. Si lo es, todos estamos presos de un sistema en ruinas.
Redacción propia, con datos aportados por el Ministerio Público Fiscal de Salta y fuentes judiciales.
Comments