El gobierno de Axel Kicillof aceptó el traslado de la Asociación del Fútbol Argentino a la provincia de Buenos Aires y convalidó un pedido clave de su presidente, Claudio Tapia, en un momento de máxima tensión institucional. La decisión provincial se conoció cuando la Inspección General de Justicia avanzaba con una investigación por presuntas irregularidades contables y solicitaba la designación de veedores en la entidad.
El aval a la mudanza —rechazada días antes por la IGJ— funciona como una jugada de alto impacto político y judicial: desplaza la jurisdicción de control hacia la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense y busca, según fuentes nacionales, frenar o al menos dilatar el escrutinio sobre los fondos de la AFA. El trasfondo es delicado: sospechas sobre empresas pantalla, movimientos de dinero bajo análisis y una trama que involucra a la cúpula dirigencial.
La secuencia que encendió el conflicto
El miércoles, la IGJ requirió al Ministerio de Justicia la designación de veedores oficiales luego de que la AFA incumpliera una ampliación documental exigida en el marco de la fiscalización. El objetivo: revisar libros contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025 y obtener información sobre sociedades comerciales vinculadas a la entidad.
Horas más tarde, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, anunció que la provincia “ratificó la mudanza” y “rechazó la competencia” de la IGJ. La resolución provincial —firmada por la directora bonaerense de Personas Jurídicas, Silvia Andrea García— se emitió a las 15:04, cuando la AFA ya había sido notificada por la IGJ alrededor del mediodía. Para el Gobierno nacional, el dato temporal no es menor: interpretan la decisión como una respuesta “apresurada” destinada a judicializar el caso y llevarlo a la órbita de la Cámara Civil.
Un traslado cuestionado
La IGJ había rechazado el cambio de sede tras constatar que el domicilio declarado en Pilar carecía de oficinas o instalaciones operativas de la AFA. Para el organismo, no existió un traslado real sino un intento de cambiar de jurisdicción en pleno proceso de control. Esa conclusión fue clave para negar la mudanza y sostener la competencia federal.
Qué sigue
Desde la Nación aseguran que la resolución provincial “no cambia nada” y que el Ministerio de Justicia avanzará con la designación de veedores —un contador y un abogado— para garantizar el acceso a la documentación. En paralelo, la validación bonaerense abre un frente judicial que promete escalar: competencia, jurisdicción y alcance del control serán ahora materia de disputa en tribunales.
El detalle distintivo
Más allá del cruce institucional, el dato que vuelve noticiable el episodio es el timing: la provincia convalidó la mudanza después de que la IGJ notificara a la AFA y en medio del pedido de veedores. En la práctica, una decisión administrativa que intenta alterar el tablero del control justo cuando el expediente entraba en su fase más sensible.
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