La causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por una presunta evasión tributaria sumó este lunes un capítulo clave: el juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido de la defensa y confirmó la indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, prevista para este jueves. La decisión despeja cualquier intento de dilatar el proceso y ratifica que la investigación seguirá su curso, más allá de los planteos pendientes ante la Cámara.
Tapia, conocido como “Chiqui”, deberá presentarse ante el magistrado para responder en una causa que examina deudas millonarias de la AFA con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por un monto que supera los 19.300 millones de pesos. Como todo imputado, podrá optar por declarar o guardar silencio.
El planteo rechazado
La defensa de Tapia y de la propia AFA había solicitado suspender la ronda de indagatorias hasta tanto se resolviera un incidente de nulidad absoluta que tramita ante la Cámara en lo Penal Económico. El argumento central fue que las deudas reclamadas por ARCA ya estarían canceladas, no serían exigibles y que, en consecuencia, no existiría delito porque la ejecución había sido suspendida.
Amarante fue tajante. En su resolución sostuvo que el pedido era “improcedente” y ordenó mantener las audiencias fijadas. Según fuentes judiciales, la indagatoria y el análisis del planteo de nulidad “corren por carriles distintos” y no existe razón legal para frenar el avance del expediente.
Dos indagatorias en un mismo día
El jueves, Tapia afrontará una situación poco habitual: será indagado dos veces. Una, en carácter personal; la otra, como máxima autoridad de la AFA. Al disponer las citaciones, el juez dejó asentado que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.
Además del presidente de la AFA, también fueron citados otros dirigentes: Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y el tesorero Pablo Toviggino, quien a su vez está bajo la lupa en otra investigación vinculada a la propiedad de una lujosa casa quinta en Villa Rosa, partido de Pilar.
De qué se acusa a la AFA
La denuncia de ARCA se apoya en dos ejes centrales. El primero es la supuesta retención indebida de tributos. En su rol de agente de retención, la AFA descuenta impuestos de los sueldos de sus empleados y tiene un plazo legal de 30 días para girarlos al organismo recaudador. Según la acusación, ese plazo no se habría cumplido.
El segundo punto está vinculado a la seguridad social. El 7,5% del valor de cada entrada que venden los clubes del fútbol argentino se destina a una caja de seguridad social administrada por la AFA, que también debe transferirse a ARCA dentro de los 30 días. El incumplimiento reiterado de esos plazos es lo que, para la Justicia, configura el posible delito.
Si bien fuentes judiciales aseguran que la mayor parte de la deuda ya habría sido cancelada y que solo restarían saldos menores, el punto clave es jurídico: el delito se configura en el momento en que se vence el plazo legal. Una cancelación posterior no elimina, en principio, la eventual responsabilidad penal.
El impacto en el fútbol
La causa no quedó confinada a los tribunales. En rechazo a la denuncia, la mayoría de los clubes se alinearon con la conducción de la AFA y resolvieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a surgir fisuras en ese respaldo: en distintos estadios se escucharon manifestaciones de rechazo a la medida y varios dirigentes analizan dar marcha atrás.
El caso expone una tensión inédita entre el fútbol argentino y el Estado, con un trasfondo que combina política, finanzas y poder institucional. La indagatoria de Tapia aparece, así, como un punto de inflexión: no solo para definir su situación procesal, sino también para medir hasta dónde llega la capacidad de la AFA de resistir una investigación judicial de alto voltaje.
El jueves, en Comodoro Py, el fútbol dejará por unas horas la pelota de lado y se sentará en el banquillo.
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