La Justicia dio un paso clave en una causa que expone, con crudeza, los riesgos cotidianos de trabajar sin garantías mínimas. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió la elevación a juicio de tres hombres por el homicidio culposo de un obrero que murió aplastado por una máquina vial en marzo de 2024, durante una obra sobre la avenida Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta.
El hecho ocurrió el 12 de marzo, a la altura del acceso al barrio Grand Bourg. La víctima realizaba tareas de señalización, delante de una motoniveladora, cuando fue atropellada por una máquina compactadora neumática que maniobraba en el lugar. El impacto le provocó politraumatismos gravísimos. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde falleció ese mismo día.
Según el requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, el operador de la compactadora, Juan Carlos Copa, habría conducido el vehículo sin licencia habilitante vigente y ejecutado una maniobra imprudente y negligente, sin advertir la presencia del trabajador en la línea de trabajo.
Pero la acusación no se limita a quien estaba al mando de la máquina. López Soto también solicitó juicio para Fernando Martín Medina, jefe de mantenimiento y producción de la empresa, y para Gregorio Guerrero Méndez, mecánico responsable del parque automotor. A ambos se les atribuye una conducta omisiva: haber permitido la utilización de una maquinaria en condiciones mecánicas deficientes, incrementando de manera concreta el riesgo que derivó en el desenlace fatal.
Las pericias incorporadas a la investigación resultan elocuentes. La compactadora presentaba frenos defectuosos, carecía de alarma de retroceso, bocina, luces y espejos, y evidenciaba pérdidas de fluidos. A eso se suman testimonios, informes técnicos, la historia clínica y la autopsia, que conforman el andamiaje probatorio con el que la Fiscalía sostiene que la muerte pudo y debió evitarse.
El caso pone el foco en una escena que se repite con demasiada frecuencia: obras que avanzan, máquinas que operan y trabajadores expuestos, sin que los controles básicos acompañen el ritmo de la producción. Ahora será un tribunal el que determine responsabilidades penales, pero el expediente ya deja una señal clara: cuando la seguridad se posterga, las consecuencias no son abstractas.
Comments