La reforma laboral de Javier Milei todavía no llegó al recinto, pero ya encontró su primer muro: la calle. No es un dato menor. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes un paro nacional con movilización al Congreso, mientras que el frente piquetero retoma la escena con cortes sorpresivos y ollas populares. Es la primera reacción coordinada de los sectores más golpeados por el ajuste, una señal política que el Gobierno no puede desestimar.
ATE, históricamente dividido y de peso irregular en el mapa sindical, esta vez se mueve con un mensaje directo: rechaza la reforma, exige reapertura de paritarias, pide una recomposición salarial de emergencia y denuncia el nuevo recorte del 10% del empleo estatal previsto para fin de año. “Esto no es competitividad, es disciplinamiento”, afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar, con una claridad que condensa el clima gremial.
El borrador de la reforma que circula entre legisladores y sindicatos confirma que la propuesta oficial va al hueso: flexibilización de modalidades laborales, posibilidad de contratos a tiempo parcial, salarios pactados en pesos, en moneda extranjera o incluso a cambio de alimentos, creación de un banco de horas, un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones y la exclusión del aguinaldo y las vacaciones del cálculo indemnizatorio. No es maquillaje: es un rediseño profundo de la estructura laboral argentina.
El Gobierno defiende la reforma como un mecanismo para “modernizar” el mercado de trabajo. Los gremios, en cambio, recuerdan que entre 2002 y 2011 –con doble indemnización vigente– se crearon millones de puestos registrados. El argumento, por lo menos, invita a revisar ideas cómodas: la desregulación no garantiza empleo, y la historia reciente lo demuestra.
La protesta de ATE coincide con el inminente llamado a sesiones extraordinarias en las que el oficialismo intentará aprobar la reforma entre el 10 y el 31 de diciembre. Si la discusión parlamentaria promete tensión, la calle muestra un anticipo aún más crudo.
A la movilización estatal se suma la Unidad Piquetera y organizaciones sociales encabezadas por el Polo Obrero y la UTEP. Sus reclamos también exponen datos que empiezan a incomodar: el Salario Social Complementario sigue congelado en $78.000, y el Salario Mínimo –hoy en $328.400– ya se ubica en niveles que describen, sin exageraciones, un umbral de indigencia.
Alejandro Gramajo, líder de la UTEP, lo expresó sin eufemismos: “Nos están vendiendo gato por liebre. En 2001 la gente terminó saqueando por hambre, no por ideología”. Sus palabras son más que una advertencia: son un diagnóstico social que debería encender alarmas en cualquier Gobierno.
La jornada de protesta pondrá también a prueba el protocolo de seguridad oficial, que ya mostró tensiones en episodios recientes como el choque en el INTI durante los recortes de personal. Con miles de estatales, movimientos sociales y piqueteros en la calle, el desafío no es sólo laboral: es político, social y simbólico.
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