La reforma del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno por decreto abrió un nuevo frente de conflicto entre la Casa Rosada y el Congreso. A la espera de la publicación del DNU 941/2025, los bloques opositores comenzaron a coordinar una estrategia común para frenar los cambios en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a los que consideran un avance institucional de alto impacto, sin el respaldo de un debate legislativo previo.
El eje del rechazo no se limita al contenido de la iniciativa, sino al mecanismo elegido por el presidente Javier Milei. La modificación de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) por decreto es leída por la oposición como una decisión que corre al Parlamento de una discusión sensible, vinculada a derechos, garantías y al control civil de los organismos de inteligencia.
Según el texto que se encuentra en elaboración, el Gobierno busca redefinir la estructura del sistema, crear nuevas agencias especializadas y declarar como “encubiertas” todas las actividades de la SIDE por razones de seguridad estratégica. Entre los puntos más cuestionados aparece la facultad otorgada al personal de inteligencia para aprehender personas en casos de flagrancia, con posterior comunicación a las fuerzas de seguridad, una atribución que distintos dirigentes interpretan como un deslizamiento hacia funciones propias de una fuerza policial.
Desde el kirchnerismo, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, el socialismo y sectores del radicalismo advirtieron que la reforma habilita zonas grises peligrosas. En particular, señalaron la amplitud de las nuevas competencias de la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que podrá producir inteligencia sobre “actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas” dentro del territorio nacional. Para la oposición, esa definición carece de límites precisos y podría abrir la puerta a prácticas de espionaje político.
En ese contexto, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se apresta a formalizar un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances de la reforma, su encuadre legal y los mecanismos de control previstos. También se evalúa impulsar el tratamiento del DNU en el recinto, con el objetivo de dejarlo sin efecto, una tarea compleja que requiere el rechazo expreso de ambas cámaras.
Otro foco de controversia es la reorganización de la inteligencia militar. El decreto prevé la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la concentración de esas funciones en el Estado Mayor Conjunto. Legisladores opositores advirtieron que la medida debilita el control civil del área de Defensa y reconfigura el vínculo entre las Fuerzas Armadas y el sistema de seguridad interior.
El antecedente inmediato suma tensión al debate. Meses atrás, el Congreso rechazó un DNU que autorizaba una ampliación presupuestaria para la SIDE, en pleno ajuste del gasto público. Aquella derrota parlamentaria del oficialismo es leída ahora como una señal de que el decreto en preparación podría enfrentar un camino similar.
En el PRO, uno de los principales aliados del Gobierno, todavía no hay una postura pública definida. El silencio del bloque y de sus referentes en la comisión bicameral alimenta la incertidumbre sobre el futuro del DNU y sobre la solidez de los apoyos con los que contará el oficialismo.
Mientras el Ejecutivo defiende la reforma como una modernización necesaria del sistema de inteligencia y una adecuación a las amenazas contemporáneas —especialmente en materia de ciberseguridad y contrainteligencia—, la oposición anticipa que el debate recién comienza. El Congreso asoma, una vez más, como el escenario central de una disputa que combina poder, controles institucionales y el delicado equilibrio entre seguridad y derechos.
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