No fue un error menor. No fue una anécdota urbana. Fue una falta grave y, en el caso de un concejal, un hecho políticamente inaceptable. Rodrigo Quinteros, edil de La Libertad Avanza, cruzó un semáforo en rojo sobre avenida Hipólito Yrigoyen y fue sancionado conforme a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Perdió cinco puntos del sistema de scoring y hoy conserva apenas 15. El dato, por sí solo, ya es preocupante. El contexto lo vuelve inadmisible.
Por Marcela Pérez
Pasar un semáforo en rojo no es una infracción administrativa más. Es una de las conductas más peligrosas en la vía pública, porque pone en riesgo directo la vida de terceros. Por eso la ley la tipifica como falta grave. Por eso el sistema de scoring castiga con severidad. Por eso, cuando ocurre, no admite relativizaciones ni excusas.
Quinteros reconoció el hecho y lo explicó como un “descuido”. Pero el problema no es semántico. Un concejal no puede escudarse en el descuido. No puede hacerlo porque no es un ciudadano común. Es un representante del ciudadano, alguien que legisla, que exige cumplimiento de normas y que debería ser el primer obligado a respetarlas.
Además, no se trata de un episodio aislado. Es la segunda infracción de tránsito del concejal. En octubre pasado ya había sufrido la retención de su licencia durante 20 días y fue multado por estacionar en una cuadra prohibida. La reiteración elimina cualquier margen de indulgencia. Cuando la conducta se repite, deja de ser accidental y pasa a ser un patrón.
En Salta existen antecedentes claros. Funcionarios públicos que dieron positivo en controles de alcoholemia debieron dejar sus cargos. No porque hubiera una condena judicial, sino porque se entendió algo básico: hay conductas que son incompatibles con la función pública. La seguridad vial integra ese núcleo duro de responsabilidades. No es un tema privado, es una política de Estado.
Naturalizar que un concejal cruce un semáforo en rojo y siga como si nada implica un mensaje devastador: que las reglas son flexibles para quienes detentan poder. Ese mensaje no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que también banaliza el riesgo cotidiano que enfrentan miles de ciudadanos que sí respetan las normas y sufren las consecuencias de quienes no lo hacen.
El debate no pasa por los puntos del scoring ni por el monto de la multa. Pasa por la responsabilidad política. Un concejal que infringe gravemente la ley que debe respetar y hacer respetar pierde autoridad moral para legislar, controlar y representar.
Dar un paso al costado no sería un gesto exagerado. Sería un acto mínimo de coherencia. Porque cuando un funcionario cruza un semáforo en rojo, no solo infringe una norma vial: cruza un límite ético que la sociedad no debería tolerar, y mucho menos justificar.
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