El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. Además, el cuerpo le dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.
Tras seis horas de debate, el oficialismo aprobó el texto con 41 votos a favor y 21 en contra. No hubo abstenciones.
El bloque de Juntos por el Cambio -que llegó a la sesión con un dictamen propio y en un principio había dado a entender que acompañaría la iniciativa marcando diferencias- finalmente optó por rechazarla.
“El proyecto mantiene y profundiza el privilegio. No mejora el sistema de Justicia ni la insustentabilidad del sistema. Esta era la oportunidad de ir a fondo, pero excluyeron a la Corte Suprema de Justicia de las modificaciones”, señaló el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien también consideró “el fin” de la ley es “discutir poder” y “generar vacancias”.
“Esperamos que el título de los diarios en unos meses no sea que la Cámara de diputados y el Senado sancionó una ley con sello de revancha e impunidad en la Argentina. Por eso no acompañamos el proyecto”, anunció.
La sesión arrancó al mediodía y, en línea con los cuidados recomendados por el ministerio de Salud por el coronavirus, solo se permitió el ingreso al recinto de los legisladores y fotógrafos. Los periodistas y asesores tuvieron el acceso prohibido para “reducir lo más posible la agrupación de gente”.
A su vez, al menos tres senadores faltaron por precaución: Roberto Basualdo -que volvió de un viaje en el exterior-, y Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem, quienes por su edad son factores de riesgo.
El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, fue el encargado de defender la iniciativa.
“El déficit del régimen especial del poder judicial es de $ 9.200 millones para este año, que deberán ser cubiertos con recursos del régimen general, que financiamos todos”, apuntó. Y si bien reconoció que “con esta ley no se elimina el carácter diferencial del régimen”, aseguró que con estas modificaciones “el haber jubilatorio percibido será más consecuente con el aporte contributivo”.
El radical Martín Lousteau lo rebatió. Señaló que el proyecto es “improvisado”, tiene “inconsistencias” y que no quita privilegios a los jueces y magistrados. “Que sean tratados como cualquier hijo de vecino si queremos terminar con la inequidad, ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad“, planteó.
En esa línea arrojó datos: “Los jueces cobran en realidad el 93% móvil, tal como lo reconoció el secretario de Seguridad Social de la Nación y los del servicio exterior el 88% móvil. A su vez, estos 200 mil jubilados tuvieron un aumento de más del 35 % del que tuvieron los jubilados rasos, que son 6,6 millones. Pero a esos a los que se los trata mejor le pagan el resto de los jubilados a los que les congelamos la movilidad”.
En qué consiste
El texto enviado por el Ejecutivo, que recibió modificaciones en la Cámara baja, incrementa del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces y establece el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber.
Por otra parte, exige haber trabajado, como mínimo, 10 años de forma continua o 15 de manera discontinua, estipula el requisito de cesar efectivamente en la función para poder jubilarse y elimina el articulado que permite que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.
Además, extiende la edad jubilatoria para los varones a los 65 años, de manera progresiva, y mantiene en 60 años las de las mujeres.
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