Después de 25 años de negociaciones erráticas, vetos cruzados y promesas incumplidas, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur dejó de ser una pieza de museo diplomático y dio un paso concreto hacia su entrada en vigor. No fue un avance lineal ni elegante: se destrabó por cálculo político, por cansancio estratégico y por un cambio de alineamientos internos en Europa que dejó a Francia, por primera vez, aislada en una votación clave.
El dato central es claro: una mayoría calificada de Estados miembros de la UE aprobó el acuerdo en el Consejo Europeo. Francia votó en contra, acompañada por Austria, Hungría, Polonia e Irlanda, pero no logró conformar la minoría de bloqueo necesaria. Para frenar el tratado necesitaba reunir al menos el 35% de la población del bloque. No lo consiguió. Y allí apareció el factor decisivo: Italia.
El giro italiano que inclinó la balanza
Hasta último momento, el gobierno de Giorgia Meloni mantuvo una posición ambigua. Roma había expresado reparos similares a los de París, en especial por el impacto sobre el sector agropecuario. Sin embargo, finalmente se alineó con Alemania, España y la Comisión Europea. Ese cambio selló la votación y dejó a Emmanuel Macron en una posición incómoda, tanto a nivel europeo como doméstico.
Es la primera vez que Francia queda en minoría en el Consejo en un tema de esta magnitud. El golpe no es menor: Macron enfrenta una crisis política interna profunda y una presión creciente de los sindicatos agrícolas, que ven en el acuerdo una amenaza directa a su competitividad.
Con la luz verde del Consejo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó habilitada para viajar a Paraguay y firmar formalmente el tratado con los países del Mercosur. El gesto político está hecho. Ahora empieza la etapa más sensible.
El Parlamento Europeo, la próxima prueba
El acuerdo deberá pasar por el Parlamento Europeo, donde será votado por mayoría simple. Allí, el escenario es ajustado pero favorable. En octubre de 2025, una votación simbólica mostró una división casi perfecta, con una leve ventaja para los opositores. Desde entonces, el tablero cambió: el respaldo de Italia y otros Estados clave redujo las chances de un rechazo.
Francia apuesta ahora a judicializar el proceso. Junto a un grupo de eurodiputados, impulsa la idea de llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE, cuestionando la estrategia de la Comisión de “dividir” el tratado entre una parte comercial —que puede aprobarse sin los parlamentos nacionales— y una parte política y ambiental, que sí requiere ratificación país por país. Es una jugada para ganar tiempo y desgastar el proceso, más que para voltearlo.
Qué entra en vigor y qué puede demorarse
El acuerdo es “mixto”. Eso significa que su capítulo comercial —aranceles, acceso a mercados, reglas de comercio— puede aplicarse de manera provisional una vez aprobado por el Parlamento Europeo. En los hechos, eso permitiría que empiecen a regir reducciones arancelarias sin esperar la ratificación de los 27 parlamentos nacionales.
La parte más sensible —medio ambiente, inversiones, propiedad intelectual— tendrá un recorrido más largo. Ese tramo podría demorarse hasta fines de 2026 o más, dependiendo de los tiempos políticos de cada país.
El trasfondo geopolítico
El contexto internacional jugó a favor del acuerdo. La presión de la competencia china, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la amenaza de nuevos aranceles estadounidenses empujaron a Bruselas a acelerar alianzas alternativas. Para Alemania y España, el pacto con el Mercosur es una herramienta defensiva: diversificar mercados, asegurar exportaciones industriales y ganar oxígeno económico.
Para el Mercosur, el acuerdo abre un mercado de más de 440 millones de consumidores, pero también expone tensiones internas: beneficios claros para algunos sectores exportadores y riesgos para otros.
La resistencia agrícola y los límites del veto
Los agricultores europeos siguen en pie de guerra. Denuncian competencia desleal, estándares ambientales más laxos y un golpe directo a la soberanía alimentaria. Sin embargo, su margen de acción es limitado. La política comercial es competencia exclusiva de la UE: ningún país puede bloquear unilateralmente productos del Mercosur si cumplen las normas sanitarias y los cupos acordados.
Francia podrá recurrir a cláusulas de salvaguardia o exigir controles más estrictos, pero no cerrar la frontera por cuenta propia. La batalla, desde ahora, será política y simbólica.
Un acuerdo que avanza, pero no sin costos
El acuerdo UE–Mercosur ya no es una promesa abstracta. Está en marcha. Puede demorarse, fragmentarse o aplicarse de forma parcial, pero difícilmente vuelva a quedar congelado. La pregunta ya no es si avanzará, sino cómo y a qué precio político.
Para Europa, es una apuesta estratégica en un mundo más cerrado y competitivo. Para el Mercosur, una oportunidad largamente postergada que llega, como casi todo en la región, tarde y en medio de tensiones.
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