El sistema de transporte urbano de Salta atraviesa horas decisivas ante la amenaza de un paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que exige el cumplimiento inmediato del último acuerdo salarial. La medida de fuerza fue ratificada para el 8 de abril a las 00, en caso de que los trabajadores no perciban sus haberes actualizados.
El eje del conflicto está puesto en la aplicación de la nueva escala salarial, que eleva el ingreso inicial de los choferes a cerca de $1.950.000 sin antigüedad. La actualización incluye un aumento del básico —que pasaría de $1.370.000 a $1.425.533—, una suba en los viáticos hasta los $408.000 y la incorporación de una suma no remunerativa de $120.000.
Sin embargo, detrás del reclamo gremial aparece un problema estructural: el impacto económico que tendría para SAETA absorber estos incrementos. Solo en marzo, la adecuación salarial implicaría un costo adicional de aproximadamente $520 millones, en un sistema que ya opera con fuertes restricciones financieras.
Desde el sector empresario sostienen que no se trata de una negativa a pagar, sino de la dificultad concreta para afrontar en lo inmediato los aumentos definidos a nivel nacional. La ecuación del sistema es compleja: cerca del 60% del costo operativo se cubre con subsidios provinciales, mientras que el resto depende de la recaudación del boleto.
En ese contexto, la caída en la cantidad de pasajeros profundiza el desequilibrio. En enero de 2025 se registraron 9,2 millones de viajes, pero en el mismo mes de 2026 la cifra descendió a 7,8 millones. A esto se suma otro dato clave: uno de cada dos usuarios viaja sin abonar el pasaje debido a los distintos regímenes de gratuidad.
El conflicto también expone una tensión política y discursiva. Desde la UTA cuestionaron con dureza a la conducción de la empresa y denunciaron falta de diálogo. “Nadie se comunicó con nosotros”, señalaron en un comunicado, en el que además pusieron en duda la representatividad del presidente de SAETA, Claudio Mohr, como interlocutor válido.
El gremio también rechazó que se utilice el argumento salarial para justificar los aumentos en la tarifa del transporte. Desde el próximo 8 de abril, el boleto pasará a costar $1.450, lo que representa una suba de $300. Según los trabajadores, esta estrategia busca enfrentar a los usuarios con el sector.
A la par, el escenario deja al descubierto una desigualdad histórica: mientras el sistema del AMBA recibe subsidios nacionales, el transporte del interior —incluido Salta— debe sostenerse sin ese respaldo, lo que agrava cualquier intento de recomposición salarial.
Con negociaciones abiertas y gestiones contrarreloj, el desenlace dependerá de si las partes logran acercar posiciones en las próximas horas. De lo contrario, la provincia podría enfrentar una nueva paralización del servicio, en medio de un sistema que muestra señales crecientes de agotamiento.
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