La decisión fue rápida y con un mensaje implícito: El problema no fue el crédito, sino el costo político. Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras quedar expuesto en la lista de funcionarios que accedieron a préstamos hipotecarios del Banco Nación.
Según fuentes oficiales, la ministra no cuestionó la legalidad del crédito, pero sí el “alto perfil” de la operación y el impacto público que generó en un contexto sensible. La lectura interna fue clara: en medio de un discurso oficial contra los privilegios, el episodio generó “ruido” y obligó a tomar distancia.
Un caso que escala y salpica
La salida de Massaccesi no es un hecho aislado. Se da en medio de una creciente exposición de créditos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo, que derivó en pedidos de informes en el Congreso y reclamos de investigación.
El foco se amplió tras la difusión de datos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central. A partir de allí, comenzaron a circular nombres de funcionarios con préstamos por montos millonarios.
Entre ellos aparecen figuras vinculadas al equipo económico de Javier Milei, lo que amplificó el impacto político del caso.
Legalidad versus oportunidad
Desde el Banco Nación defendieron su operatoria: aseguraron que el proceso de otorgamiento es “homogéneo y sin excepciones” y remarcaron que existen líneas específicas para empleados públicos, con condiciones más favorables, como financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble.
En el sistema financiero, estas líneas no son una novedad. Pero el debate se instaló en otro plano: si corresponde que funcionarios políticos accedan a esos beneficios en un contexto de ajuste y pérdida de poder adquisitivo.
Ahí es donde el caso deja de ser técnico y pasa a ser político.
El Congreso entra en escena
El tema ya escaló al ámbito legislativo. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y solicitó explicaciones al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el directorio del Banco Nación.
“Llama la atención el otorgamiento de préstamos de cientos de millones a funcionarios y legisladores”, planteó, y advirtió sobre la necesidad de “total transparencia” en el manejo de la banca pública.
Un mensaje hacia adentro
La salida de Massaccesi funciona también como señal interna. En un gobierno que construyó su identidad sobre la crítica a los privilegios de la política, cualquier desvío —aunque sea legal— tiene un costo amplificado.
El propio exfuncionario salió a defenderse: aseguró que no cometió ninguna irregularidad y que el crédito fue gestionado de manera “transparente” junto a su pareja. Pero eso no alcanzó para sostenerlo en el cargo.
El límite del relato
El episodio expone una tensión que empieza a repetirse: decisiones formales dentro de la ley que chocan con el relato político del oficialismo.
En ese punto, el problema ya no es el crédito en sí, sino lo que representa.
Y lo que obliga a hacer.
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