El Gobierno pagará con bonos las deudas de obra pública

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre uno de los pasivos que dejó paralizada buena parte de la relación entre el Estado y las empresas constructoras. A partir de un nuevo régimen de adhesión voluntaria, buscará cancelar las deudas acumuladas por obras públicas mediante la entrega de bonos del Tesoro, una alternativa que apunta a ordenar las cuentas fiscales sin realizar desembolsos directos de dinero.

La medida fue aprobada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía y está dirigida, en una primera etapa, a contratistas que ejecutaron obras vinculadas a las áreas de Transporte y Obras Públicas.

El programa alcanza obligaciones generadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, incluyendo certificados de obra impagos, acopio de materiales, redeterminaciones de precios y compromisos pendientes derivados de contratos que fueron rescindidos o finalizados desde 2024.

El aspecto más novedoso del régimen es la forma de pago. En lugar de cancelar esas acreencias con recursos presupuestarios, el Estado entregará títulos públicos del Tesoro Nacional valuados a su valor técnico. Para ello se estableció un cupo máximo de 221.119 millones de pesos.

La decisión responde a una de las principales premisas económicas del Gobierno de Javier Milei: mantener el equilibrio fiscal sin dejar de avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas. En ese marco, el Ejecutivo busca resolver deudas heredadas sin afectar los recursos destinados a las obras que continúan en ejecución ni incrementar el gasto público.

Pero la adhesión al programa implica una condición clave. Las empresas interesadas deberán firmar un acta acuerdo mediante la cual aceptarán la modalidad de pago y, al mismo tiempo, renunciarán de manera definitiva a iniciar o continuar reclamos administrativos o judiciales relacionados con esas obligaciones.

En la práctica, el esquema propone cerrar dos frentes al mismo tiempo: regularizar la deuda financiera del Estado y poner fin a numerosos litigios que se generaron por contratos incumplidos, certificados impagos o diferencias en la actualización de precios.

La iniciativa también busca aportar previsibilidad a un sector que, desde el cambio de gobierno, atraviesa una fuerte retracción de la actividad. La reducción de la obra pública nacional dejó numerosos proyectos paralizados y generó incertidumbre entre las empresas respecto del cobro de trabajos ya ejecutados.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el régimen permitirá transparentar el volumen real de obligaciones pendientes y establecer un mecanismo uniforme para su cancelación, evitando negociaciones individuales y reduciendo el riesgo de nuevos conflictos judiciales.

El plan contempla inicialmente a las empresas que participaron en obras de infraestructura vial y otros proyectos públicos bajo la órbita nacional. Sin embargo, el Gobierno ya anticipó que habrá una segunda etapa destinada a incorporar contratistas que desarrollaron otros tipos de obras para el Estado.

La respuesta del sector será determinante para medir el alcance de la iniciativa. Las empresas deberán evaluar si aceptan cobrar mediante títulos públicos o si prefieren mantener abiertos los procesos judiciales iniciados para reclamar el pago en efectivo.

Más allá de esa decisión, el nuevo régimen refleja la estrategia del Gobierno para administrar uno de los capítulos más complejos de la herencia fiscal: resolver deudas millonarias sin apartarse del objetivo de déficit cero. El desafío ahora será lograr que esa salida resulte lo suficientemente atractiva para que las constructoras adhieran y permita cerrar un conflicto que se arrastra desde hace varios años.