Ingresos Brutos: el impuesto que todos cuestionan pero las provincias no pueden soltar

El Gobierno nacional volvió a poner la reforma tributaria en el centro de la discusión económica y uno de los principales apuntados es Ingresos Brutos. El problema es que eliminarlo o reducirlo significativamente podría abrir un enorme agujero en las cuentas provinciales.

El impuesto es cuestionado desde hace décadas por economistas, tributaristas y empresarios debido a su denominado “efecto cascada”: se aplica en distintas etapas de producción y comercialización, por lo que se va acumulando hasta terminar incorporado al precio que paga el consumidor. También afecta las exportaciones y resta competitividad a la producción argentina.

Pero mientras aumentaron las críticas, también creció la dependencia de las provincias.

De dos tercios a más del 80%

Los números muestran la magnitud del dilema.

En 2005, Ingresos Brutos representaba el 66,6% de los ingresos tributarios propios de las provincias. En 2024 llegó al 81,9%, apenas por debajo del récord de 83,5% alcanzado un año antes.

Su peso sobre el conjunto de los recursos provinciales también aumentó: pasó del 18,7% hace dos décadas al 25,9%, mientras que en relación con el PBI creció del 2,5% al 4%.

En otras palabras, la Argentina enfrenta el desafío de modificar un impuesto cuestionado por sus consecuencias económicas, pero que se convirtió en la principal fuente tributaria propia de las provincias.

El efecto que termina en los precios

Uno de los mayores cuestionamientos está en la forma en que funciona.

A diferencia de otros tributos, Ingresos Brutos puede aplicarse sucesivamente a distintos integrantes de una misma cadena. Esa acumulación hace que una alícuota aparentemente baja termine teniendo una incidencia considerablemente mayor sobre el producto final.

El tributarista César Litvin sostiene que una alícuota del 3% en una primera etapa puede terminar representando hasta un 12% sobre el precio final.

La industria exportadora también advierte sobre sus consecuencias. Desde la Asociación de Fabricantes de Automotores estiman que Ingresos Brutos y las tasas municipales representan alrededor del 10% del valor de un automóvil exportado.

Así, parte de la carga tributaria interna termina incorporándose al producto argentino que intenta competir en el exterior.

El otro problema: pagar impuestos por adelantado

A la estructura del tributo se suman los regímenes de retenciones y percepciones anticipadas.

El problema aparece cuando las empresas terminan acumulando saldos a favor porque se les retuvo más dinero del que efectivamente debían pagar.

CAME considera que el mecanismo puede funcionar como un financiamiento forzoso de los fiscos provinciales mediante capital de trabajo privado. La entidad calcula que los trámites de devolución pueden demorar entre 12 y 36 meses y que, durante ese período, los saldos pueden perder entre 60% y 80% de su valor real por efecto de la inflación.

Caputo pone la presión sobre provincias y municipios

El ministro de Economía, Luis Caputo, plantea que una reforma tributaria integral necesariamente deberá involucrar a las provincias y los municipios.

La posición de la Casa Rosada es que sin revisar Ingresos Brutos y las tasas municipales será difícil mejorar sustancialmente la competitividad argentina.

Pero allí aparece el principal obstáculo: eliminar Ingresos Brutos sin determinar previamente cómo compensar a las provincias significaría desfinanciarlas.

Y el problema se vuelve todavía más complejo porque la dependencia no es igual en todo el país. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires el impuesto representa el 61% de los ingresos totales, en la provincia de Buenos Aires supera el 30%; en Misiones alcanza el 28% y en Mendoza el 25%. En Chaco representa el 8%, en Santiago del Estero el 7% y en Formosa apenas el 5%.

¿Con qué se reemplaza?

Ese es el verdadero interrogante detrás de la discusión.

Entre las alternativas aparecen aumentar la coparticipación federal, fortalecer otros impuestos provinciales menos distorsivos o reducir significativamente el gasto público. Todas presentan dificultades económicas y políticas.

Otra propuesta que ganó terreno es avanzar hacia una suerte de “Súper IVA” que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales. Caputo descartó esa posibilidad bajo el argumento de que el presidente Javier Milei no acepta incrementar impuestos, mientras otros especialistas sostienen que una unificación no necesariamente implicaría aumentar la presión tributaria sino reemplazar tributos existentes.

La discusión, entonces, ya no pasa solamente por determinar si Ingresos Brutos es un mal impuesto. El diagnóstico parece ampliamente compartido. El verdadero desafío es cómo desarmar un tributo que afecta la competitividad cuando las provincias dependen de él para financiar buena parte de su funcionamiento.