Impulsan la ley de derribo contra vuelos narcos

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y la diputada nacional Eliana Bruno decidieron llevar a Nación una discusión que desde hace tiempo aparece cada vez que se habla de narcotráfico en la frontera: qué hacer con los vuelos clandestinos que ingresan al país y no responden a las órdenes de las autoridades.

El planteo fue dirigido al ministro de Defensa, Carlos Presti, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Allí advierten sobre el incremento de incursiones aéreas irregulares en el NOA y ponen especialmente el foco en Salta y en la frontera con Bolivia.

Pero no se quedaron solamente en el reclamo. Zigarán y Bruno acompañaron el pedido con una propuesta de ley de derribo.

La iniciativa plantea un protocolo para interceptar aeronaves sospechosas y establece distintos pasos antes de llegar al uso de la fuerza. Un avión podría ser considerado irregular si vuela sin un plan autorizado, lleva el transpondedor apagado o no responde al control aéreo. Para declararlo hostil deberían darse otras circunstancias, como maniobras evasivas o la negativa a aterrizar.

El derribo aparece como último recurso, después de las advertencias y medidas de intercepción. El texto lo contempla para aeronaves declaradas hostiles que representen un peligro inminente o cuando exista una presunción fundada de que transportan estupefacientes y se nieguen a cumplir las órdenes impartidas.

La propuesta incluso avanza sobre uno de los puntos más delicados: Quién podría dar esa orden. Establece que debería hacerlo el Presidente de la Nación y contempla la posibilidad de delegarla en los ministros de Defensa o Seguridad en determinadas situaciones de urgencia.

Zigarán también pidió reforzar la radarización en la frontera. Sostiene que todavía existen zonas que facilitan el ingreso de vuelos clandestinos y reclama radares móviles y de alerta temprana. El proyecto, en ese sentido, propone garantizar cobertura permanente en las fronteras norte y noreste.

El reclamo nace en Aguas Blancas, uno de los puntos más sensibles de la frontera salteña con Bolivia, pero en la presentación también se menciona la situación de Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera.

Bruno acompañó el pedido para que Defensa y Seguridad analicen la viabilidad de avanzar con una herramienta de este tipo frente al narcotráfico y el contrabando.

Por ahora, no se trata de una ley en tratamiento en el Congreso, sino de una propuesta acercada al Gobierno nacional para que se evalúe su impulso por los canales correspondientes.