Turistas francesas: La causa por apremios podría llegar a juicio

A 15 años de los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, una causa derivada de aquella investigación vuelve a poner bajo la lupa lo ocurrido durante las primeras actuaciones policiales de 2011.

Esta vez, Gustavo Orlando Lasi, condenado por los homicidios de las turistas francesas, aparece como uno de los denunciantes en el expediente que investiga a efectivos policiales por presuntos apremios ilegales y otras irregularidades.

Lasi fue trasladado bajo custodia para participar de una audiencia en la que se discutió si la causa debe continuar hacia el juicio oral o cerrarse por el tiempo transcurrido. También comparecieron como denunciantes Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi. Daniel Octavio Vilte Laxi no estuvo presente.

Del otro lado hay 16 policías acusados, aunque uno de ellos no compareció a la audiencia.

Las defensas quieren cerrar la causa

El punto central de la audiencia no fueron todavía las pruebas que eventualmente llegarán al juicio.

Las defensas plantearon que el tiempo transcurrido afectó el derecho de los acusados a ser juzgados dentro de un plazo razonable y, sobre esa base, solicitaron la extinción de la acción penal y el sobreseimiento.

También pidieron que no se avanzara con la audiencia hasta que esa discusión quedara definitivamente resuelta.

Los fiscales Daniel Espilocín y María Luján Sodero Calvet se opusieron.

Espilocín sostuvo que el planteo sobre la duración del proceso ya fue analizado y rechazado judicialmente. Recordó que una resolución del Tribunal de Juicio del 15 de mayo de 2025 fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Impugnación, el 17 de septiembre de ese mismo año.

Según argumentó, la duración de una causa no puede analizarse únicamente contando los años transcurridos. Señaló que deben considerarse su complejidad, la cantidad de imputados, la naturaleza de los hechos y las distintas incidencias y recursos presentados durante el proceso.

El fiscal aclaró que esas presentaciones constituyeron un ejercicio legítimo del derecho de defensa, aunque también produjeron suspensiones y extendieron los tiempos de tramitación.

“No puede derivar en impunidad”

Sodero Calvet también pidió que la causa continúe.

La fiscal sostuvo que cerrar un proceso por afectación del plazo razonable constituye una medida excepcional y remarcó que en este expediente se investigan hechos atribuidos a efectivos policiales vinculados con una causa de especial gravedad y relevancia institucional.

Además, sostuvo que una eventual mora estatal, aun cuando hubiera existido —algo que señaló que no ocurrió en este caso—, no puede derivar en impunidad.

La Fiscalía también puso sobre la mesa que los homicidios de Bouvier y Moumni continúan siendo objeto de distintas revisiones. Espilocín mencionó una actuación judicial en Francia y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el Estado argentino que las denuncias por presuntos apremios no sean resueltas mediante un debate oral y público.

Ahora decide el Tribunal

La decisión quedó en manos de los jueces Leonardo Fearns, Eduardo Sangari y Gabriela González.

Después de escuchar a las partes, el Tribunal consideró que la complejidad del planteo requería un análisis más profundo y pasó a cuarto intermedio.

La Oficina Judicial deberá fijar una nueva audiencia, con la mayor proximidad posible, para comunicar la resolución.

Si los jueces rechazan el pedido de las defensas, la causa continuará con el análisis de las pruebas ofrecidas y podrá avanzar hacia la fijación del juicio oral.

Quince años después de aquella investigación, la discusión que ahora deberá resolver la Justicia es concreta: si las denuncias por lo ocurrido durante las actuaciones policiales de 2011 llegan finalmente a un debate oral o si la causa se cierra antes de esa instancia.