Gauffin cuestionó cinco años de emergencia hídrica

La emergencia hídrica en Salta se encamina a cumplir cinco años y el diputado provincial José Miguel Gauffin puso en discusión la continuidad de un régimen que permite al Gobierno realizar contrataciones mediante procedimientos excepcionales. El legislador del bloque de la Reconquista cuestionó la falta de un plan de inversiones a largo plazo y exigió una rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos desde 2022.

Gauffin fue el único diputado que votó en contra de la cuarta prórroga de la emergencia. En un documento donde fundamentó su posición, sostuvo que las sucesivas extensiones muestran que el Ejecutivo provincial no consiguió resolver los problemas estructurales del abastecimiento de agua potable.

«Una cosa es enfrentar una emergencia imprevista y otra muy distinta es pretender resolver un problema estructural mediante sucesivas declaraciones de emergencia», afirmó.

El legislador reconoció que la situación de noviembre de 2022 justificaba medidas extraordinarias. La prolongada sequía había reducido los caudales de ríos y arroyos, mientras que el colapso del sistema de captación del dique Itiyuro afectaba el suministro de agua a miles de familias de Tartagal.

Sin embargo, consideró que mantener las mismas facultades excepcionales durante un quinto año requiere explicaciones sobre las inversiones realizadas y las dificultades que todavía persisten.

Contrataciones excepcionales y falta de resultados

Uno de los principales cuestionamientos de Gauffin apunta a los mecanismos de contratación que habilita la emergencia hídrica, con procedimientos más flexibles y menores exigencias que los ordinarios.

Según explicó, la Provincia ya dispone de instrumentos legales para responder ante situaciones urgentes. Mencionó la Ley 8072 de Contrataciones del Estado, que contempla procedimientos excepcionales cuando existen razones de urgencia debidamente justificadas.

También señaló que el presupuesto provincial permite realizar determinadas modificaciones de partidas para atender necesidades imprevistas.

«El Gobierno debe rendir cuentas de lo realizado, explicar por qué sigue necesitando facultades excepcionales y presentar un programa de inversiones que permita superar definitivamente esta situación», reclamó.

El caso de Metán

Para cuestionar la eficacia de la emergencia, Gauffin citó lo ocurrido en San José de Metán durante el verano de 2026.

Según detalló, las precipitaciones acumularon más de 1.100 milímetros hasta mediados de marzo y provocaron reiterados desbordes de un canal de desagües que atraviesa la ciudad.

Pese a que la emergencia hídrica ya estaba vigente, la obra destinada a resolver el problema recién fue licitada a mediados de agosto y contratada a fines de septiembre.

El diputado planteó que esa demora pone en duda la utilidad de contar con facultades extraordinarias si no se traducen en respuestas oportunas.

También cuestionó a La Libertad Avanza

Gauffin dedicó parte de sus críticas a los diputados de La Libertad Avanza, quienes, según señaló, cuestionaron la continuidad de la emergencia durante el debate legislativo, pero terminaron votando a favor de la prórroga.

«No se puede criticar una ley por sus consecuencias y después votarla por temor al costo político o electoral de rechazarla», sostuvo.

Para el legislador, el problema del abastecimiento de agua requiere un programa plurianual de inversiones, prioridades definidas, un cronograma de obras y recursos compatibles con las posibilidades presupuestarias de Salta.

Su rechazo a la prórroga, aclaró, no implica desconocer las dificultades de las familias que todavía carecen de un suministro adecuado de agua potable.

«La verdadera capacidad de un gobierno no se mide por las emergencias que declara, sino por las que logra superar», concluyó.