Serenata a Cafayate: Pagos millonarios sin respaldo

La Auditoría General de Salta emitió un dictamen desfavorable sobre la administración del festival de 2024. Detectó más de $40 millones en pagos sin comprobantes fiscales válidos, contrataciones que superaron los límites legales y diferencias en los honorarios artísticos. Las observaciones corresponden a la gestión de la intendenta Rita Guevara.

04 Nov 2026 - 05:46
Actualizado: 2 horas hace
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Serenata a Cafayate: Pagos millonarios sin respaldo

La administración de la Serenata a Cafayate 2024 quedó bajo cuestionamiento formal de la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS), que emitió un dictamen desfavorable tras revisar la ejecución presupuestaria del festival.

El informe identificó pagos por $40.816.555,80 sin facturas ni comprobantes fiscales válidos, contrataciones realizadas mediante procedimientos que no correspondían por sus montos y diferencias entre los honorarios acordados con artistas y las sumas efectivamente abonadas.

Las observaciones alcanzan la gestión municipal encabezada por la intendenta Rita Guevara y se conocen después de más de dos años de reclamos del Concejo Deliberante por la documentación económica del evento.

Una contratación que triplicó el límite permitido

Entre los hallazgos figura una contratación directa de $15.309.800 por el servicio de venta de entradas.

De acuerdo con los resultados difundidos de la auditoría, el límite establecido para utilizar ese procedimiento era de $5.214.400, conforme a la Ley Provincial 8.072.

El municipio contrató así un servicio por un importe cercano al triple del máximo permitido para esa modalidad.

El organismo también observó gastos realizados sin contar con crédito presupuestario suficiente y contrataciones artísticas que no reunían los instrumentos administrativos exigidos.

Diferencias en honorarios y pagos al personal

La revisión detectó pagos a artistas superiores a los importes establecidos contractualmente, con diferencias informadas de $5.225.462,70 y $52.500.

Otra observación corresponde a $3.945.000 abonados en horas extraordinarias a empleados municipales.

Según el informe difundido, esos pagos se registraron mediante planillas manuales y no fueron incorporados a los recibos de sueldo, lo que generó cuestionamientos sobre su registración laboral y los aportes a la seguridad social.

La Auditoría también señaló incumplimientos vinculados con retenciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Actividades Económicas.

Las observaciones abarcan, por lo tanto, distintos aspectos de la administración del festival: contratación de servicios, documentación de pagos, ejecución del presupuesto y obligaciones tributarias.

Los reclamos comenzaron en 2024

Los cuestionamientos sobre las cuentas de la Serenata surgieron pocos meses después de la edición de 2024.

En abril de ese año, el Concejo Deliberante de Cafayate solicitó al Ejecutivo municipal información sobre el presupuesto, los contratos artísticos, los aportes provinciales y el balance económico.

El entonces presidente del cuerpo, Gabriel Meisner, encabezó los pedidos de documentación ante las diferencias advertidas en las rendiciones.

Entre los puntos discutidos figuraban una diferencia cercana a $9 millones en la valuación de existencias de fernet y el tratamiento contable de una asistencia provincial de $25 millones.

También hubo cuestionamientos sobre los registros de bebidas, los convenios con patrocinadores y los ingresos declarados.

Aunque el municipio había presentado un resultado económico positivo del festival, concejales pusieron en duda la consistencia de los datos utilizados para calcularlo.

En julio de 2024, ante la falta de respuestas consideradas suficientes, el Concejo solicitó la intervención de la Auditoría General.

La disputa continuó durante 2025

Los cuestionamientos no se limitaron a una sola edición de la Serenata.

Durante 2025, el Concejo Deliberante conformó una comisión especial para investigar las rendiciones correspondientes a los festivales de 2024 y 2025.

La intendenta Rita Guevara cuestionó la legalidad de esa comisión y promovió un planteo de nulidad, mientras que Meisner defendió las facultades de fiscalización del cuerpo legislativo municipal.

El dictamen desfavorable conocido ahora corresponde a la revisión de la administración de la edición 2024.

Las observaciones de la Auditoría no constituyen una condena penal ni determinan por sí mismas la comisión de delitos. Sí documentan incumplimientos administrativos y contables cuya eventual responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes.

Por el momento, la información difundida no incluye una respuesta actualizada de la Municipalidad de Cafayate a cada una de las observaciones del organismo de control.

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