Salta seguirá en emergencia hídrica por quinto año

La Cámara de Diputados de Salta aprobó una nueva prórroga de la emergencia hídrica provincial, declarada originalmente en 2022 por la falta de agua potable que afectaba especialmente a las comunidades del norte. Cuatro años después, el problema persiste y el Gobierno busca mantener las facultades extraordinarias para afrontar tanto la escasez como las posibles inundaciones durante la próxima temporada de lluvias.

La iniciativa recibió media sanción este martes 3 de noviembre y pasó al Senado. De aprobarse, la emergencia, cuya vigencia actual vence el 2 de diciembre, se extenderá por otro año.

El debate dejó una particularidad política: los diputados de La Libertad Avanza cuestionaron las sucesivas prórrogas, reclamaron explicaciones sobre los recursos utilizados y denunciaron falta de planificación, pero terminaron votando a favor. El único rechazo fue el de José Gauffín, del Partido de la Reconquista.

Cuatro años después, la emergencia continúa

La Ley 8355 fue sancionada en 2022, cuando distintas localidades del norte provincial atravesaban una crisis de abastecimiento de agua potable.

Desde entonces, la emergencia fue renovada anualmente. Los fundamentos de la nueva iniciativa reconocen que, pese a las obras e intervenciones realizadas, la situación continúa siendo crítica en amplias zonas de la provincia, especialmente para comunidades indígenas y rurales.

Esta vez, a la necesidad de garantizar el suministro de agua se suma la prevención de inundaciones.

El oficialismo advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño y los riesgos para poblaciones asentadas en las cuencas de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Juramento.

El diputado Gastón Galíndez, miembro informante del proyecto, explicó que la emergencia permitiría sostener las medidas de asistencia y prevención ante ambos escenarios.

Las obras y los recursos, en discusión

Uno de los principales cuestionamientos opositores fue la falta de información sobre los resultados obtenidos durante los años de emergencia.

El diputado libertario Franco Lastra recordó que en 2025 ya había anticipado que la Legislatura volvería a tratar otra prórroga.

Sostuvo que el Ejecutivo contó con herramientas excepcionales para intervenir, pero que todavía existen comunidades sin acceso regular al agua potable.

«No podemos vivir de emergencia», planteó, aunque finalmente acompañó la iniciativa para que el Gobierno no pudiera atribuir a la Legislatura la falta de instrumentos para actuar.

Fernanda Domínguez, también de La Libertad Avanza, reclamó una rendición detallada de los recursos utilizados, las obras ejecutadas y los resultados alcanzados.

En la misma línea, María Elena Davids cuestionó la reiteración de declaraciones de emergencia en diferentes áreas de la administración provincial y advirtió sobre sus consecuencias para el control legislativo.

La diputada María Victoria Cayo consideró que las renovaciones sucesivas evidencian problemas en la política hídrica, aunque decidió respaldar la continuidad de la medida por las necesidades de sus vecinos.

Gauffín, el único voto negativo

El diputado José Gauffín sostuvo que una emergencia no puede convertirse en un mecanismo permanente de gestión.

Recordó que había acompañado la declaración original en 2022, cuando el norte atravesaba una situación crítica, pero cuestionó que cuatro años después se siga recurriendo al mismo instrumento.

Su principal objeción estuvo vinculada con las facultades administrativas excepcionales que habilita la legislación y con la falta de informes sobre las medidas adoptadas.

Gauffín advirtió que las emergencias pueden flexibilizar procedimientos de contratación y controles, y sostuvo que las situaciones extraordinarias ya cuentan con mecanismos de respuesta previstos en otras normas.

También reclamó una política de infraestructura de largo plazo para las localidades que padecen problemas recurrentes de abastecimiento e inundaciones.

El oficialismo defendió la prevención

La diputada Laura Cartuccia sostuvo que las medidas de emergencia deben adoptarse antes de que ocurran los daños y defendió la continuidad de los trabajos preventivos.

Mencionó la necesidad de mantener canales, coordinar recursos y proteger el acceso al agua segura, especialmente ante posibles crecidas.

Durante su intervención hizo referencia a 91 obras previstas para Capital, con una inversión estimada de 1.226 millones de dólares, y a la existencia de 37 cuencas urbanas identificadas con peligrosidad alta o muy alta.

También cuestionó que Salta haya quedado fuera de fondos nacionales destinados a afrontar los efectos de El Niño.

Por su parte, Patricia Hucena expuso la situación de una comunidad de Pichanal donde, según afirmó, una obra de provisión de agua permanece paralizada desde hace cuatro años y afecta a unas 700 familias.

La legisladora destacó la ejecución de más de 45 pozos profundos en los últimos años, aunque reconoció que todavía hay poblaciones sin acceso regular al servicio.

El norte, entre la falta de agua y las crecidas

Los representantes de departamentos del norte provincial defendieron la continuidad de la emergencia por las dificultades que enfrentan sus comunidades.

El diputado Rogelio Segundo, de Rivadavia, advirtió sobre la necesidad de ejecutar defensas antes del período de crecidas de los ríos Bermejo y Pilcomayo.

Señaló que las poblaciones cercanas a esos cursos de agua necesitan obras preventivas en las próximas semanas.

Mónica Goicoechea, de Tartagal, recordó que existen comunidades que todavía no cuentan con agua potable y que, al mismo tiempo, están expuestas a inundaciones durante el verano.

El radical Matías Monteagudo también acompañó la prórroga y pidió considerar las condiciones de vida de los habitantes del norte antes de cuestionar la necesidad de mantener la emergencia.

Una votación que expuso las diferencias

La discusión se extendió durante casi cuatro horas y participaron alrededor de 25 legisladores.

Al finalizar, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, destacó la coherencia de Gauffín por sostener su rechazo en la votación y cuestionó a los representantes libertarios por haber criticado la iniciativa antes de respaldarla.

Con la media sanción, el proyecto quedó en manos del Senado, que deberá resolver su continuidad antes del vencimiento de la emergencia vigente, previsto para el 2 de diciembre.