Caputo suspende embargos, pero las pymes piden actividad

El Gobierno nacional anunció un paquete de medidas fiscales para aliviar las dificultades financieras de las pequeñas y medianas empresas. La principal disposición será la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, en un escenario de crédito costoso, problemas de liquidez y reclamos del sector industrial por la desaceleración económica.

Los anuncios fueron realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde también presentó cambios en los planes de pago de impuestos y en la utilización de saldos fiscales a favor de las empresas.

La respuesta empresaria fue favorable, aunque con una advertencia: las medidas pueden aliviar temporalmente las obligaciones financieras, pero no garantizan una recuperación de la producción ni del consumo.

Embargos suspendidos y más facilidades de pago

Caputo reconoció que las pymes atraviesan dificultades para financiarse y que los embargos fiscales agravan su situación.

Por eso anunció que ARCA suspenderá estas medidas hasta, por lo menos, mayo del próximo año.

También comunicó una ampliación del régimen de facilidades para regularizar obligaciones tributarias.

El plan de 18 cuotas, que comprendía deudas con vencimiento hasta el 30 de junio, se extenderá para incluir obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.

La intención, explicó el ministro, es dar más tiempo a las empresas para cumplir sus compromisos fiscales sin comprometer inmediatamente su funcionamiento.

Otra modificación permitirá a las pymes utilizar el 100% de sus saldos a favor de IVA para cancelar obligaciones de IVA aduanero.

Actualmente, las demoras en la devolución de créditos fiscales pueden obligar a una empresa a pagar impuestos mientras mantiene fondos pendientes de reintegro por parte del propio organismo recaudador.

Caputo cuestionó esa situación y planteó avanzar hacia un sistema de cuenta corriente única entre las empresas y ARCA.

El impuesto de Sellos, bajo discusión

El anuncio de mayor alcance estructural fue la propuesta de eliminar el impuesto de Sellos, un tributo provincial que grava determinados actos, contratos y operaciones económicas.

Entre las operaciones alcanzadas, según cada jurisdicción, pueden encontrarse compraventas de inmuebles y vehículos, contratos de alquiler, préstamos y otros instrumentos comerciales.

Caputo estimó que su recaudación representa entre 4 y 5 billones de pesos anuales.

La propuesta consiste en que la Nación compense la mitad de los ingresos que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires dejarían de percibir, mientras que las jurisdicciones resignarían el 50% restante.

El objetivo sería eliminar el tributo sin trasladar íntegramente la pérdida de recaudación a los gobiernos provinciales.

Sin embargo, la eliminación de Sellos todavía no está aprobada. Requiere acuerdos con las jurisdicciones, que tienen potestades propias sobre ese impuesto.

Para provincias como Salta, la discusión involucrará tanto el alivio tributario para las empresas y los contribuyentes como el efecto sobre sus ingresos fiscales.

Los industriales advierten que falta consumo

Las medidas fueron recibidas con aprobación por distintos representantes empresariales, pero también dejaron planteadas diferencias sobre su alcance.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, sostuvo que esperaba anuncios de mayor profundidad.

«Me paran los embargos, pero yo quiero que empiece la actividad. No quiero embargos, quiero producción, crecimiento y empleo», afirmó.

El dirigente vinculó las dificultades para cumplir obligaciones fiscales con la debilidad del consumo y reclamó incentivos específicos para las pequeñas y medianas empresas.

Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA y presidente de la conferencia industrial, valoró que el Gobierno atendiera algunos reclamos del sector, aunque advirtió que muchas pymes continúan atravesando una situación delicada.

En tanto, Diego Coatz, director ejecutivo de I+D de la UIA, consideró que el impacto inmediato será limitado debido al estancamiento de la actividad económica.

El diagnóstico compartido por estos representantes fue que las facilidades tributarias pueden mejorar la liquidez, pero que la recuperación de la producción depende también del nivel de ventas, las tasas de interés y el acceso al financiamiento.

Reclaman una reforma tributaria más amplia

Desde las grandes empresas también hubo respaldo a los anuncios.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, valoró las iniciativas destinadas a reducir costos financieros, aunque señaló que será necesario conocer cómo se implementarán.

Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, planteó que la reducción de impuestos puede mejorar la competitividad industrial, pero advirtió sobre la carga que representan los tributos provinciales y municipales.

En esa discusión aparecieron nuevamente Ingresos Brutos, Sellos y las tasas locales.

El tributarista César Litvin consideró positivas las facilidades de pago y la utilización de saldos fiscales, pero señaló que sigue pendiente una reforma integral que coordine los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Caputo defendió el rumbo económico

Durante su exposición, el ministro sostuvo que el Gobierno mantendrá como prioridades la estabilidad macroeconómica, la reducción de impuestos y regulaciones y la promoción de inversiones.

También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y planteó que su objetivo es extender condiciones de competitividad similares al resto de la economía.

Caputo afirmó que los argentinos continúan comprando dólares a un ritmo aproximado de US$1.700 millones mensuales, aunque aseguró que el Banco Central dispone de condiciones para fortalecer su posición patrimonial.

El ministro descartó recurrir a devaluaciones como mecanismo para mejorar la competitividad y sostuvo que la reducción de costos debe conseguirse mediante cambios tributarios y regulatorios.

Las medidas anunciadas para las pymes deberán traducirse ahora en disposiciones administrativas concretas. Mientras tanto, el sector industrial mantiene su reclamo por una recuperación de la demanda y mejores condiciones de financiamiento.