Anestesistas: El conflicto escala a la vía judicial

El conflicto entre el Ministerio de Salud Pública de Salta y la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) sumó una instancia legal mientras los pacientes continúan esperando sus cirugías. La cartera que conduce Federico Mangione formalizó una presentación ante la Fiscalía de Estado para promover acciones frente a la suspensión de intervenciones programadas en hospitales públicos.

La medida de los anestesistas comenzó el 13 de octubre en establecimientos del interior provincial y posteriormente se extendió a otros centros sanitarios. En el hospital San Vicente de Paúl de Orán, unas 60 operaciones fueron suspendidas, con consecuencias para pacientes de traumatología, cirugía general, pediatría y ginecología.

La atención de urgencias, emergencias, pacientes oncológicos, niños y embarazadas continúa garantizada, de acuerdo con lo informado por ASAAR.

Salud asegura que pagó más de $4.143 millones

El Ministerio sostiene que cumplió con las obligaciones económicas previstas en el convenio y rechaza que exista una deuda vencida por tres meses de prestaciones.

Según las cifras oficiales, durante octubre transfirió $1.137.876.672,06, mientras que el total abonado desde enero de 2026 alcanzó los $4.143.233.273,43.

La cartera sanitaria explicó que el acuerdo contempla un plazo de 30 días desde la presentación de la facturación para pagar las guardias y de 60 días para las prestaciones anestesiológicas, períodos destinados a la revisión y auditoría de las prácticas.

También informó que fueron canceladas las guardias hasta agosto y las prestaciones correspondientes a mayo, junio y julio. Según su interpretación del convenio, los pagos de agosto vencen durante noviembre.

Desde el Gobierno consideran que la suspensión de cirugías afecta el acceso de los pacientes a la salud y exigen que se reanuden las intervenciones programadas como condición para avanzar en nuevas negociaciones.

Los anestesistas cuestionan los plazos y reclaman paritarias

La gerenta de ASAAR, Luciana Andolfi, presentó una versión diferente sobre el cumplimiento de los pagos.

La representante explicó que las transferencias realizadas por el Ministerio a los hospitales no significan necesariamente que el dinero haya llegado a la asociación o a los profesionales.

Según sostuvo en declaraciones a Radio Salta, al momento de la entrevista los anestesiólogos todavía no habían recibido los fondos correspondientes a junio y julio.

“Estábamos con un plazo de casi medio año desde que el médico hacía la prestación hasta que realmente el ministerio le pagaba”, afirmó.

Sin embargo, el reclamo no se limita a las demoras. ASAAR asegura que los valores de las prácticas permanecen sin actualización desde julio de 2025 y reclama que se aplique el mecanismo de recomposición vinculado con las paritarias del personal sanitario.

“No aumento, nadie habla de aumento. Estamos hablando de actualización por paritarias. Todo el personal de salud la tiene”, explicó Andolfi.

La asociación sostiene que existió un compromiso previo para actualizar los honorarios y que ese acuerdo no se cumplió.

También rechazó los cuestionamientos sobre las remuneraciones de los especialistas. Según Andolfi, los profesionales cobran por las prácticas efectivamente realizadas, que deben documentarse mediante las correspondientes fojas quirúrgicas y anestésicas y someterse a auditorías.

La discusión llegó a Fiscalía de Estado

El Ministerio de Salud formalizó una presentación ante la Fiscalía de Estado después de advertir que recurriría a la vía legal si continuaba la suspensión de cirugías.

Sin embargo, no se informó qué acción judicial concreta promoverá el organismo ni se confirmó la presentación de un amparo ante un juzgado.

La representante de ASAAR cuestionó esa decisión y sostuvo que la controversia podría resolverse mediante una negociación directa.

“Tampoco se puede gobernar y tampoco se puede administrar a través de amparos y acciones judiciales”, manifestó Andolfi en declaraciones difundidas este lunes por Nuevo Diario de Salta.

La dirigente aseguró que solicitaron reuniones con las autoridades sanitarias y que los profesionales mantienen su disposición a dialogar.

También rechazó que la suspensión de operaciones programadas constituya abandono de pacientes, dado que continúan prestándose los servicios de urgencia y las intervenciones que involucran a los grupos priorizados.

No todos los hospitales tienen el mismo convenio

Otro aspecto del conflicto es que las condiciones de contratación no son idénticas en todos los establecimientos.

Andolfi explicó a Salta/12 que ASAAR mantiene convenios con el Ministerio para prestar servicios en hospitales del interior, entre ellos los de Orán, Tartagal, Metán, General Güemes, Cafayate y Rosario de la Frontera, además de establecimientos de la capital.

En cambio, los anestesiólogos del Hospital San Bernardo y del Materno Infantil cuentan con acuerdos propios, por lo que las medidas adoptadas allí no dependen directamente de la asociación.

La representante también señaló que el Hospital Arturo Oñativia funciona con normalidad porque, según su versión, allí se actualizaron los valores de las prestaciones.

Esta diferencia resulta relevante para determinar qué servicios están efectivamente afectados y cuáles son las responsabilidades contractuales en cada establecimiento.

Pacientes sin fecha para sus operaciones

La suspensión de cirugías programadas afecta especialmente a quienes llevan semanas o meses esperando una intervención.

En Orán, el número de operaciones postergadas llegó a unas 60, según la información difundida por medios locales. No se conoce todavía una cifra provincial consolidada de pacientes afectados.

Mientras el Ministerio exige la restitución del servicio para negociar y ASAAR reclama el cumplimiento de los compromisos económicos y la actualización de honorarios, no hay una fecha anunciada para recuperar las cirugías suspendidas.

Tampoco se informó un cronograma para reprogramar las intervenciones pendientes.