Discapacidad: Fondos y pensiones, en riesgo

Prestadores de servicios para personas con discapacidad de Salta volvieron a poner el foco sobre el financiamiento del sistema y llevaron a la Provincia cuatro reclamos concretos que buscan trasladar al ámbito nacional.

Representantes de organizaciones locales se reunieron con la subsecretaria de Discapacidad, Mariana del Aqua, y la directora del área, Isabel Soria, ante quienes presentaron formalmente un petitorio por la situación que atraviesan las prestaciones.

Uno de los puntos centrales mira directamente al próximo Presupuesto 2027: las entidades reclaman que durante su tratamiento en el Congreso se preserven los recursos destinados al sistema y las pensiones vinculadas a discapacidad.

Pero el planteo es más amplio.

Los prestadores exigen el efectivo cumplimiento de la Ley de Emergencia N.º 27.793, particularmente en lo relacionado con financiamiento, actualización de aranceles y pago de compensaciones.

También solicitaron prorrogar ese régimen hasta el 31 de diciembre de 2027 y reclamaron que los derechos ya adquiridos sean preservados ante cualquier proyecto de reforma que pueda discutirse a nivel nacional.

Cuatro pedidos

El petitorio presentado puede resumirse en cuatro puntos:

• cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en materia de financiamiento, aranceles y compensaciones;
• prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027;
• preservación de los derechos adquiridos ante eventuales reformas;
• protección de los recursos y las pensiones durante el debate del Presupuesto 2027.

El Gobierno provincial informó que estos planteos ya habían sido llevados la semana pasada a la Cámara de Diputados de la Nación, donde Salta expuso la situación del sistema prestacional.

Allí, según indicó la Provincia, se reclamó sostener los recursos necesarios para las prestaciones y garantizar las coberturas de las personas con discapacidad y sus familias.

La reunión realizada en Salta busca ahora mantener una agenda conjunta con los prestadores mientras las definiciones centrales permanecen en el ámbito nacional: el financiamiento de la emergencia y, especialmente, qué recursos quedarán garantizados cuando el Congreso defina el Presupuesto 2027.