En los próximos días, el Senado volverá a sesionar con un eje claro: insistir con la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue vetada por el presidente Javier Milei y rechazada por amplia mayoría en Diputados. En paralelo, cobrará impulso el debate sobre la modificación de la norma que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta utilizada por el Poder Ejecutivo que genera tensiones crecientes entre oficialismo y oposición.
A pesar del impulso que cobran estos temas centrales, la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este martes será determinante para definir qué otros proyectos serán incluidos en la convocatoria al recinto. En algunos bloques opositores crece la incomodidad ante la posibilidad de que el temario sea acotado a las prioridades del kirchnerismo y sectores de la UCR, sin contemplar iniciativas que ya cuentan con dictamen en comisiones. Este punto de fricción amenaza con dilatar la sesión o modificar su alcance.
Uno de los focos de conflicto es un proyecto impulsado por la senadora Edith Terenzi, radical aliada al interbloque Provincias Unidas, que plantea el aumento de penas para falsas denuncias. Si bien la iniciativa ganó visibilidad mediática por un caso resonante de un médico injustamente acusado, genera resistencias dentro de su propio espacio. Algunos legisladores la consideran una cruzada personal que podría generar consecuencias no deseadas. A esta tensión se suma una larga lista de propuestas con despacho que esperan ser tratadas, entre ellas: la creación por ley del sistema de Alerta Sofía, cambios a la ley de Trasplantes, la ley de Parto Humanizado, el régimen de Manejo del Fuego y reformas al Código Penal vinculadas a delitos por siniestros viales.
También hay iniciativas de contenido simbólico como declarar a Puerto Pirámides “Capital Nacional de la Ballena Franca”, o a San Miguel de Tucumán como “capital simbólica de la República Argentina”, además del reconocimiento al venado pampeano como monumento natural.
En este contexto, el principal objetivo del arco opositor será confirmar en el Senado la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto presidencial fue rechazado en Diputados por dos tercios de los votos. Para que el rechazo se convierta en ley, es necesaria la misma mayoría especial en la Cámara Alta. Unión por la Patria aportará sus 34 senadores y se espera el respaldo de figuras clave como Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Guadalupe Tagliaferri, Luis Juez, Mónica Silva, José Carambia, Natalia Gadano y Alejandra Vigo, entre otros. La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, expresó: “Tenemos que sesionar, confirmar la emergencia y dar la respuesta correcta desde el Senado. Milei va a entender que este Congreso tiene el poder que le da la gente”. La ley vetada proponía declarar la emergencia por un año e incluía la habilitación de nuevas altas de pensiones por discapacidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal oscilaría entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.
Además de esta pulseada, el Senado abordará la reforma del régimen legal de los DNU. Actualmente, el Ejecutivo puede mantener vigente un decreto si al menos una de las cámaras del Congreso lo aprueba, sin que sea necesario el visto bueno de ambas. El proyecto con dictamen de mayoría en Asuntos Constitucionales propone que los DNU sean tratados dentro de los 90 días de su publicación y que, para conservar validez, deban ser ratificados por las dos cámaras.
Por último, Unión por la Patria buscará avanzar en otros temas sensibles como la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y la reforma de la Corte Suprema. Una propuesta del senador Juan Carlos Romero plantea ampliar a siete los integrantes del máximo tribunal, con la obligación de garantizar paridad de género.
En paralelo, crece el malestar en el ámbito judicial por la inacción del Ejecutivo en el envío de pliegos para cubrir cargos vacantes. Ricardo Gil Lavedra, titular del Colegio Público de la Abogacía, denunció que cerca del 35% de los cargos están vacíos y que el Gobierno retiene 278 propuestas sin tratamiento, una situación que -según advirtió- compromete gravemente el funcionamiento del sistema judicial.
El escenario que se abre en el Senado no solo marcará una nueva confrontación institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, sino que pondrá a prueba la capacidad de las fuerzas políticas de acordar una agenda común que combine urgencias sociales, reformas estructurales y temas postergados por meses.
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