La Corte de Justicia de Salta resolvió rechazar la acción de amparo presentada por la “Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor” que solicitaba la intervención judicial paralela del Instituto Provincial de Salud (IPS). La demanda pretendía que se ordenara una intervención cautelar complementaria a la ya vigente intervención administrativa dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto 108/25.
En su fallo, el Tribunal explicó que el amparo no es un recurso válido para revisar procedimientos que corresponden a otras esferas ni para interferir en la jurisdicción establecida por ley, señalando que “no se aviene a la naturaleza del amparo su utilización como instancia revisora de procedimientos llevados a cabo en otra esfera”. Además, recordó que la intervención del IPS es un mecanismo de control propio del Poder Ejecutivo.
La Corte también destacó que la asociación civil no pudo demostrar un daño actual o inminente a los derechos de los afiliados que justifique la medida judicial solicitada. El Tribunal subrayó que la intención de obtener una intervención judicial paralela “implica una injerencia extraña en el control y operatividad del ente autárquico”.
Con esta decisión, la Corte reafirma la competencia del Poder Ejecutivo para supervisar el IPS y descarta la interferencia judicial en la gestión del organismo.
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