La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Nuevo revés judicial para el Gobierno de Javier Milei por el financiamiento de las universidades nacionales. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y ordenó su cumplimiento inmediato.

La decisión alcanza al tramo del Decreto 759/2025 mediante el cual el Gobierno había suspendido en los hechos la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma había atravesado todo el recorrido legislativo: fue sancionada por el Congreso, vetada por Milei y luego ratificada por ambas cámaras con las mayorías necesarias para insistir frente al veto presidencial.

El Ejecutivo terminó promulgándola, pero condicionó su aplicación a que el Congreso determinara de dónde debían salir los recursos para financiarla. Para el magistrado, esa vía no tiene respaldo constitucional.

Cormick consideró que la decisión del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y, en los hechos, como una nueva instancia de veto que la Constitución no contempla.

Una ley que pasó incluso el veto

Ese es uno de los puntos centrales del fallo. El Presidente ya había ejercido su facultad constitucional de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso, a su vez, ejerció la suya y ratificó la norma.

Después de perder esa disputa legislativa, el Gobierno argumentó que la ley establecía aumentos salariales y presupuestarios sin identificar específicamente las partidas con las cuales debían financiarse y decidió no ejecutarla hasta que se definieran esos recursos.

El juez rechazó ese argumento. Señaló que el propio artículo 9 de la ley brinda herramientas para que el Poder Ejecutivo realice las reasignaciones presupuestarias necesarias para cumplir con lo dispuesto por el Congreso.

La sentencia obliga ahora al Estado a avanzar con la aplicación de la norma y garantizar los recursos correspondientes a salarios docentes y no docentes, becas y gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Según las estimaciones del sistema universitario citadas en la causa, la aplicación de la ley implicaría una recomposición salarial cercana al 33%.

La cautelar ya había llegado a la Corte

La resolución de fondo se produce después de una extensa disputa judicial. Los rectores recurrieron a la Justicia luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.795 y obtuvieron una cautelar para exigir el cumplimiento de los artículos referidos a salarios y becas.

El Gobierno apeló, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión. Posteriormente, el Ejecutivo llevó la controversia ante la Corte Suprema, que terminó dejando firme la medida cautelar.

A ese reclamo se sumó la Universidad de Buenos Aires (UBA), que pidió que la actualización alcanzara también a los gastos de funcionamiento, incluidos los recursos destinados a hospitales universitarios y al área científica.

El Gobierno había intentado posteriormente que se levantara la cautelar argumentando que un acuerdo alcanzado en junio había modificado las condiciones del conflicto. Cormick rechazó el planteo y exigió al Estado que acreditara el nivel de cumplimiento, algo que finalmente consideró que no había sido demostrado.

El conflicto sigue abierto

El Ejecutivo otorgó una recomposición salarial del 21,33% para junio y otro 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, permanecieron pendientes el incremento del 20% para gastos de funcionamiento y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios, en medio de la continuidad de la disputa judicial.

El conflicto también se trasladó al Presupuesto 2027. El proyecto oficial contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras los rectores sostienen que para cumplir con la Ley de Financiamiento serían necesarios aproximadamente $11 billones.

La diferencia ronda el 50% y anticipa que la discusión por los recursos universitarios seguirá abierta en el Congreso aun después de la decisión judicial.

Marcha universitaria el 15 de octubre

La sentencia llega además en la antesala de una nueva protesta. Los gremios docentes y no docentes rechazaron el aumento del 3% ofrecido por el Gobierno en las últimas negociaciones paritarias y convocaron a nuevas medidas de fuerza.

La Quinta Marcha Federal Universitaria está prevista para el 15 de octubre, fecha que coincidirá con la sesión especial convocada por sectores de la oposición en Diputados para avanzar, entre otros puntos, contra el DNU 70/2023.

La movilización, inicialmente prevista hacia Tribunales, fue trasladada al Congreso ante la coincidencia de ambas convocatorias.

El Gobierno todavía puede continuar discutiendo judicialmente la cuestión, pero el pronunciamiento de Cormick introduce una definición de fondo: el Ejecutivo no podía utilizar un decreto para dejar en suspenso una ley que había sido sancionada por el Congreso y ratificada por las dos cámaras después del veto presidencial.