La pirotecnia sonora no suele anunciarse. Aparece de golpe, sobre una manta en la vereda, en ferias barriales o en puestos que duran lo que dura la inspección. Cada diciembre, la escena se repite y el ruido empieza a circular antes de que llegue la medianoche. Este año, el municipio decidió salir a buscarlo.
Desde el fin de semana, se intensificaron los controles en distintos puntos de la ciudad —centro, microcentro, barrios y ferias— para frenar la venta de pirotecnia sonora, una actividad prohibida por ordenanza. Los operativos se despliegan de manera conjunta con personal municipal, inspectores de Control Comercial y Bomberos de la Provincia, con un foco claro: la venta ilegal en la vía pública, principal canal de comercialización.
Las inspecciones no se limitan a locales habilitados. Apuntan, sobre todo, a los puestos informales, donde el control es más difícil y la mercadería aparece sin habilitación ni garantías. Cuando se detecta la infracción, el procedimiento es inmediato: decomiso del material, sanción y posterior destrucción de los productos secuestrados.
La normativa vigente permite únicamente pirotecnia de bajo impacto sonoro y solo en comercios autorizados. Sin embargo, la persistencia del mercado ilegal demuestra que el problema excede la fiscalización: se trata de una práctica instalada, sostenida por la demanda y tolerada durante años.
El trasfondo no es menor. La pirotecnia sonora afecta directamente a personas con sensibilidad auditiva, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y animales, que viven estas fechas con estrés, miedo y consecuencias reales en su salud. El ruido no es un detalle festivo: es un factor de exclusión.
El operativo municipal busca hacer cumplir la ley, pero también enviar un mensaje en plena temporada de fiestas. La celebración no puede seguir siendo sinónimo de estruendo. En una ciudad donde el ruido se vende a cielo abierto, el verdadero desafío es que el control no sea solo una postal de diciembre, sino una política sostenida en el tiempo.
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