Ley de Tierras: El Gobierno evalúa reponer los límites que derogó

El Gobierno analiza volver a establecer límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, una restricción que el propio presidente Javier Milei eliminó a través del DNU 70/2023. La alternativa comenzó a tomar forma en Diputados, donde el oficialismo busca una salida que le permita desactivar la sesión convocada por la oposición para el próximo 15 de octubre.

La posibilidad que estudia el bloque de La Libertad Avanza es incorporar un capítulo específico —o alguna otra herramienta legislativa— al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debe ser tratado por la Cámara baja.

La discusión expone una paradoja política: después de haber eliminado mediante el megadecreto la Ley 26.737, que regulaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, el oficialismo evalúa ahora impulsar por su propia cuenta algún tipo de límite.

No sería, sin embargo, una restitución automática de la norma derogada. Lo que está en estudio es una nueva regulación, cuyos alcances todavía no fueron definidos.

La presión llegó al Congreso

La maniobra es encabezada por el presidente de Diputados, Martín Menem, en momentos en que crece la presión de gobernadores y bloques aliados para que el Gobierno dé una respuesta sobre la extranjerización de tierras.

El problema inmediato para el oficialismo es parlamentario. La oposición convocó para el jueves 15 de octubre una sesión con un temario particularmente incómodo para el Gobierno: además de avanzar contra el DNU 70/23, pretende tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y una iniciativa vinculada con el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias.

Aunque en La Libertad Avanza sostienen que sus adversarios todavía no tendrían asegurado el quórum, el oficialismo trabaja para evitar que la sesión llegue siquiera a concretarse.

Una alternativa sería ofrecer antes una respuesta propia sobre la Ley de Tierras y quitarle a la oposición uno de los temas alrededor de los cuales busca reunir apoyos.

La Corte también entró en escena

La discusión política coincide con un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema convocó a dos conjueces para intervenir en un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie relacionado con la derogación de la Ley de Tierras.

La organización había promovido una acción para que se declare inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, precisamente el que dejó sin efecto la norma que establecía restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

La controversia se cruza con otra causa impulsada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Árbol de Pie sostiene que su presentación tiene fundamentos y legitimación propios y pidió que la Corte determine qué efecto tiene sobre su expediente una resolución adoptada en el caso de los excombatientes.

El máximo tribunal deberá resolver ahora cómo continúa ese trámite, con la intervención de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

Una marcha atrás, pero con otra ley

Dentro del oficialismo también circuló la posibilidad de incorporar la cuestión de las tierras al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado con Malvinas, pero esa alternativa fue descartada.

La intención sería evitar que la discusión sobre la compra de tierras por extranjeros vuelva a quedar directamente asociada al debate sobre soberanía y llevarla, en cambio, al terreno de la propiedad privada.

Ese movimiento permitiría al Gobierno sostener que no está restituyendo la legislación que derogó, sino proponiendo un nuevo esquema de restricciones dentro de otra iniciativa.

La definición será clave en los próximos días. El mismo oficialismo que eliminó por decreto los límites a la extranjerización de tierras ahora busca una fórmula para volver a ponerlos, mientras intenta evitar que sea la oposición la que imponga las condiciones y el calendario del debate.