Ultimátum a SAETA: Advierten que desde el jueves no podrán prestar el servicio

El conflicto entre SAETA y las empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Salta entró en una instancia decisiva. Las subconcesionarias intimaron al organismo a regularizar la deuda y pusieron una fecha límite: el jueves 24 de septiembre.

Si para entonces no reciben los fondos reclamados, advierten que estarán imposibilitadas de continuar cumpliendo las órdenes de servicio vigentes, tanto durante el día como durante la noche.

La presentación fue dirigida al presidente de SAETA, Claudio Mohr, y detalla qué pagos permanecen pendientes: parte de la certificación de julio, la totalidad de agosto y los importes correspondientes al combustible de septiembre.

Según las empresas, la falta de esos recursos ya afecta el funcionamiento cotidiano.

No hablan solamente de dificultades para comprar combustible. Enumeran problemas para afrontar lubricantes, repuestos, cubiertas, reparaciones, mantenimiento de las unidades, elementos de higiene y seguridad, además de obligaciones contraídas con proveedores y entidades financieras.

“Se ha roto la cadena de pago a los proveedores y a los bancos, ya que tampoco hemos podido cumplir con nuestros acreedores”, sostuvieron los representantes de las prestatarias.

El jueves 24, la fecha límite

La novedad más fuerte del planteo es que esta vez las empresas fijaron un plazo.

Según notificaron a SAETA, si no existe una regularización efectiva de la deuda, desde el jueves 24 no estarían en condiciones de cumplir las órdenes de servicio actuales.

Las compañías sostienen que no se trataría de una decisión voluntaria de suspender prestaciones, sino de una imposibilidad económica para seguir financiando los costos mientras permanecen pendientes los pagos.

También recordaron un acuerdo firmado el 3 de junio de 2026, que —según su presentación— contemplaba la regularización de la situación y la normalización de los pagos. Afirman que ese compromiso tampoco se cumplió en los términos acordados.

También advierten por puestos de trabajo

El conflicto podría tener además consecuencias laborales.

Las subconcesionarias señalaron que las reducciones de servicios que les habría comunicado SAETA las obligarían a iniciar un proceso de reducción del personal afectado a la prestación.

No precisaron en la presentación cuántos trabajadores podrían quedar alcanzados.

Las empresas reclaman ahora el pago de la totalidad de las sumas pendientes y el cumplimiento de las condiciones contractuales.

La cuenta regresiva quedó planteada: si no hay acuerdo antes del jueves 24, la disputa financiera entre SAETA y sus prestatarias podría trasladarse directamente a la calle y afectar el servicio que utilizan diariamente los pasajeros.